BUENOS AIRES – La policía desalojó el jueves un predio que fue ocupado por cientos de familias en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y que se convirtió en un símbolo del déficit habitacional y la pobreza en Argentina.
Unas 40 personas fueron detenidas y varios policías resultaron heridos durante el desalojo del terreno situado en la localidad de Guernica, unos 40 kilómetros al sur de Buenos Aires, que fue foco de la atención pública desde su ocupación en julio, durante el invierno austral y cuando el deterioro económico y social se agudizaba.
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Los policías se enfrentaron a un grupo de ocupantes que luego de ser obligados a abandonar el lugar tiraron piedras y otros objetos a los agentes desde a una zona adyacente.
Tras los incidentes varios ocupantes amenazaron con volver al terreno de unas 100 hectáreas, que fue cercado por la policía.
La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, dijo que se apeló a “todas las vías posibles” para desarrollar un desalojo pacífico y que se vio sorprendida por la “actitud intransigente” de varias familias.
Las fuerzas de seguridad ingresaron en la madrugada al lugar luego de que las negociaciones entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los ocupantes fracasaron y tras el rechazo de la justicia a un nuevo pedido de prórroga para que lo abandonaran por su propia voluntad.
Previamente las autoridades llegaron a un acuerdo con más de 700 familias para que se retiraran del predio. A cambio éstas recibieron materiales de construcción, alimentos, productos de higiene y, para aquellas que no tenían lugar a dónde ir, la posibilidad de trasladarse a paradores de forma transitoria.
Tras la llegada de la policía en el operativo encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, un grupo de personas se resistió a marcharse.
Los efectivos derribaron a su paso las precarias viviendas instaladas. Los ocupantes vivían en casillas de madera, cartón y chapa o en tiendas hechas con bolsas de residuos que se distribuían en lotes cercados con alambres.
Mientras el desalojo se llevaba a cabo, militantes de organizaciones sociales se manifestaban en varios puntos de Buenos Aires y sus alrededores bajo la consigna “Tierra para vivir” y entidades humanitarias y políticos izquierdistas desaprobaron el operativo policial.
El Centro de Estudios Legales y Sociales señaló que “el desalojo de la toma de Guernica tapa el problema real al que no le dieron solución”.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina afirmó que “no avala las tomas” porque “son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas", pero acotó que este fenómeno evidencia “la precaria situación" de muchas familias.
"Como cristianos nos sentimos interpelados ante toda forma de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno”, afirmaron los obispos.
La toma ilegal de tierras es un hecho recurrente en Argentina que se recrudece cada vez que el país es golpeado por una crisis económica.
Los terrenos ocupados por unas 1.900 personas de Guernica y municipios cercanos eran reclamados por sus propietarios ante la justicia y desencadenaron un debate público sobre la propiedad privada y el crónico déficit habitacional en el país.
Detrás de la ocupación, funcionarios judiciales detectaron maniobras ilegales de varias personas que habrían puesto en venta lotes usurpados.
Pese a que el gobierno del presidente peronista Alberto Fernández ha incrementado la asistencia para los más necesitados, no parece suficiente ante una pobreza que afecta al 40% de la población.
En su única aparición pública de la jornada, el mandatario evitó pronunciarse sobre los sucesos de este jueves en Guernica, que detonaron en algunas críticas desde los sectores de centro-izquierda más radicalizados dentro del frente gobernante.
“El día que igualemos la Argentina, todos vamos a estar moralmente más tranquilos y éticamente más seguros. En eso estamos trabajando”, afirmó el gobernante durante el anuncio de una inversión equivalente a 360 millones de dólares en ayuda social para niños de familias sin trabajo. Según cifras oficiales, la pobreza infantil fue de 56,3% en el primer semestre de 2020.
La cuarentena por la pandemia agravó una economía que venía en caída desde hace más de dos años e incrementó el malestar social.
En las últimas semanas las tomas se multiplicaron sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y grande del país, y en Río Negro, en la Patagonia, lo que llevó a funcionarios nacionales y provinciales a entablar negociaciones con los ocupantes.
Poco después del desalojo de Guernica, en la provincia de Entre Ríos -al este de Argentina- la justicia desalojó un establecimiento rural que pertenece al exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y a varios de sus familiares. Era otra de las tomas que tenía en vilo a la opinión pública.
El lugar había sido ocupado por Dolores Etchevehere, hermana del exfuncionario, y por activistas sociales que colaboran con ella en un proyecto agroecológico. La mujer, quien aducía que parte de las tierras le pertenecían, fue detenida “por desobediencia judicial”, luego que se negara a cumplir con la orden de desalojo, dijo el fiscal Oscar Sobko.
Los activistas que la acompañaban se retiraron del campo pacíficamente.
El caso se politizó debido a que el abogado de la mujer es Juan Grabois, uno de los impulsores del Proyecto Artigas como líder de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, una organización que integra el frente gobernante.
Según Grabois, los Etchevhere se impusieron a un “Estado pusilánime que nunca se les anima a las élite, pero que no duda en reprimir a los pobres” y en ese sentido advirtió que no fue casualidad que se realizara un ”desalojo violento" en Guernica.
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El video periodista de AP Victor Caivano contribuyó en esta nota.