Colombia: Lucha contra el crimen en Venezuela es “ficticia”

FILE - (AP Photo/Matias Delacroix, File) (Matias Delacroix, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

BUCARAMANGA – El gobierno colombiano acusó el jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro de intentar desviar la atención internacional frente a su relación “cómplice” con grupos irregulares colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC.

“Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad”, dijo la canciller colombiana Claudia Blum en un mensaje oficial.

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Colombia y Venezuela cesaron sus relaciones diplomáticas desde 2019, cuando Maduro expulsó a dos diplomáticos colombianos de su territorio. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido nuevas tensiones por los combates en el estado venezolano de Apure entre la Guardia Nacional Bolivariana y un grupo irregular colombiano, conflicto que ha provocado el desplazamiento de más de 5.000 venezolanos hacia Colombia en busca de refugio.

Por su parte, Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo el miércoles en su programa de televisión “Con el Mazo Dando” que, en caso de que Colombia le “facilite” el camino a Estados Unidos para atacar a su país, la supuesta guerra se librará en territorio colombiano.

“Colombia se declaró... que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela. Se van a equivocar, porque si nosotros tenemos una guerra —perdónenme compañeros colombianos que no tienen nada que ver con esto— con Colombia, se la vamos a hacer en su territorio”, advirtió Cabello.

El gobierno venezolano intenta lograr un “canal de comunicación directo” con Colombia y pidió ayuda al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para que sea mediador en la truncada relación, según informó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en una transmisión televisiva el martes.

La canciller colombiana no se refirió a las advertencias de Diosdado ni a los pedidos diplomáticos. Sólo reiteró que es “esencial” mantener la presión diplomática internacional contra Venezuela para lograr el retorno a la democracia y así no permitir que “haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilegítimo planteadas por distintos gobiernos y por instancias de la ONU y la OEA”.

El presidente Iván Duque ha dicho en varias ocasiones que los cabecillas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) están protegidos por Maduro en territorio venezolano, así como algunos exguerrilleros como alias Iván Márquez y Jesús Santrich, cabezas de una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que incumplieron el acuerdo de paz pactado en 2016 con el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Desde el 26 de febrero de este año opera en Colombia el Comando Especializado contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales que tiene como objetivo combatir en la frontera a los grupos narcotraficantes y las guerrillas.

“Claramente en Venezuela muchos de ellos están protegidos porque el Cártel de los Soles está al lado de Nicolás Maduro, está haciendo operaciones de narcotráfico”, dijo Duque durante el lanzamiento del grupo especial.

El gobierno de Maduro ha responsabilizado a Colombia de “abandonar” la frontera a la suerte de los grupos armados e incluso de apoyarlos.

“El gobierno de Iván Duque, con el apoyo del Comando Sur estadounidense y su grupo élite de siete mil efectivos recientemente creado, ha instalado un corredor de actividades ilegales como el tráfico de personas, la explotación ilegal de minerales y el narcotráfico, destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados en contra de Venezuela”, manifestó el canciller venezolano en un comunicado el 24 de marzo, sin mostrar evidencias.

Por su parte, la cancillería colombiana aseguró el lunes que seguirá brindando ayuda humanitaria a los desplazados venezolanos que se encuentran en Arauca, en la frontera, al tiempo que exigió “respeto por los derechos y la vida de la población civil”.