BOGOTÁ – El Senado de Colombia aprobó el martes la nueva reforma tributaria con la que el gobierno pretende recaudar un equivalente a 3.900 millones de dólares para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Resta que la Cámara de Representantes vote la iniciativa.
Los senadores apoyaron en forma mayoritaria la propuesta de reforma fiscal que promete no afectar a la clase media y vulnerable del país, y fue bautizada por el gobierno como un proyecto de “inversión social” porque extenderá algunos subsidios a familias y empresas afectadas por la pandemia.
Recommended Videos
Entre los beneficios sociales aprobados figura la extensión del Programa de Apoyo al Empleo Formal que da un subsidio para el salario de empleados. También será extendido el programa Ingreso Solidario, un subsidio estatal a los hogares en condición de pobreza por un equivalente a 122 dólares mensuales.
“Estamos hablando que cuatro millones de hogares pobres y vulnerables van a seguir recibiendo esta ayuda del Estado colombiano”, explicó María del Rosario Guerra, legisladora del partido de gobierno Centro Democrático.
Sin embargo, la oposición se retiró del Congreso al considerar que no se dio un debate profundo sino una aprobación exprés debido a que la ponencia que contenía el articulado fue radicada por el gobierno el lunes en la tarde, para ser discutida al día siguiente en plenaria. Además, señalaron que la reforma no soluciona los problemas económicos del país.
“No voy a votar esta reforma que... deja intacta las exenciones de la última reforma Carrasquilla (anterior ministro de Hacienda) de 2019 a la megaminería, hidrocarburos, importación de bienes de capital que es lo que ha generado un hueco fiscal, por supuesto agravado con la pandemia”, dijo el senador de oposición Antonio Sanguino durante la discusión.
La iniciativa de reforma tributaria aprobada en el Senado es menos ambiciosa que la anterior, en la que se pretendía recaudar un equivalente a 6.300 millones de dólares. Sin embargo, la propuesta fracasó debido a las multitudinarias protestas que comenzaron en abril y se sostuvieron en el país por más de dos meses, primero impulsadas por el rechazo a la reforma fiscal que consideraban afectaría a los más vulnerables, y después en contra del gobierno y la inequidad.
Durante las protestas fueron denunciadas violaciones a los derechos humanos. Human Rights Watch documentó más de 20 muertes de manifestantes en los que la policía estaría involucrada y las cifras oficiales dan cuenta de más de 3.000 heridos, entre civiles y policías.