México: Nombran nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa

Un familiar de uno de los 43 estudiantes universitarios de Ayotzinapa desaparecidos marcha con un cartel que tiene la imagen de su ser querido y la frase "Vivo se lo llevaron!", en la Ciudad de Mxico, el lunes 26 de septiembre de 2022, al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparicin de los estudiantes en Iguala, Guerrero, en 2014. (Foto AP/Marco Ugarte) (Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)

MEXICO CITY – La Fiscalía General de la República designó un nuevo jefe para la unidad especial que investiga la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en el 2014 en sur de México, nombramiento que se da luego que el fiscal de la unidad renunció por discrepancias con las autoridades en el manejo del caso, lo que fue considerado como un golpe al proceso.

El abogado Rosendo Gómez Piedra fue nombrado como fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso, informó a The Associated Press un funcionario federal con conocimiento del proceso.

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Gómez Piedra reemplazará a Omar Gómez Trejo, quien dejó a finales de septiembre el cargo que asumió en el 2019 para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero.

El nuevo fiscal especial del caso ocupó la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno del estado sureño de Tabasco entre 2019-2020.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, indicó en su cuenta d Twitter que de confirmarse la designación del nuevo encargado de la unidad especial sería un “enorme retroceso” porque fue una decisión “no comunicada, ni explicada antes a las familias”. Asimismo, la ONG planteó que Gómez Piedra tiene un perfil político “sin experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos”.

La salida de Gómez Trejo se precipitó luego que se conoció que se habían retirado, por solicitud de la Fiscalía General, 21 de las 83 órdenes de detención de presuntos implicados que se habían dictado en agosto. Entre los beneficiados por el retiro de las órdenes de captura figuraban 16 militares y exfuncionarios.

El proceso que siguió la Fiscalía General para la detención en agosto del ex procurador Jesús Murillo Karam, que se realizó sin consultar a Gómez Trejo, fue otro de los hechos que llevaron al fiscal a renunciar, indicaron medios locales.

Tras el escándalo que se desató por la renuncia del fiscal especial, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de restarle importancia al asegurar que Gómez Trejo dejó el cargo porque “no fue tomado en cuenta”, y salió en defensa del jefe de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, el presidente de la comisión gubernamental del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, y el Ejército.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la que depende el grupo de expertos internacionales que investiga el caso y con el que trabajó Gómez Trejo, y el Centro Prodh manifestaron preocupación por la salida del fiscal.

La CIDH informó que desde agosto la unidad especial dirigida por Gómez Trejo parecía no contar con el personal policial necesario para recabar pruebas, judicializar nuevos cargos y dar seguimiento a los procesos judiciales en curso.

La Comisión de la Verdad dirigida por Encinas presentó en agosto un nuevo informe con indicios sobre los presuntos implicados tanto en la desaparición de los estudiantes, incluidos algunos militares, como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Tras la presentación del informe de la comisión gubernamental se anunciaron 83 órdenes de captura, parte de las cuales fueron retiradas semanas después. Entre agosto y septiembre fueron detenidos tres miembros del Ejército, entre ellos uno de los mandos en Iguala en aquel momento y actual general retirado, y Murillo Karam.

Todos están actualmente bajo proceso penal y en prisión preventiva aunque sus respectivas defensas alegan que no hay pruebas sólidas contra ellos y han apelado.