BUENOS AIRES – La vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner acusó al tribunal que la juzga por presuntos hechos de corrupción durante su gobierno de actuar como un “pelotón de fusilamiento” al pronunciar sus últimas palabras en defensa propia.
A una semana de que el tribunal de a conocer su veredicto, la exmandataria (2007-2015) también acusó a los fiscales que pidieron para ella una condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de haberse dedicado a mentir e injuriar durante el juicio que comenzó en 2019.
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Los fiscales acusan a la dirigente peronista, de 69 años, de haber liderado una organización delictiva que adjudicó de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado de la provincia de Santa Cruz que, en pocos días más, también se enfrenta junto a otros 11 acusados a posibles condenas de cárcel.
Los imputados en el juicio tienen la opción de exponer sus últimos argumentos antes de que el tribunal de a conocer las sentencias el 6 de diciembre.
Los delitos imputados a la vicepresidenta son haber sido la jefa de una “asociación ilícita” y defraudar al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares.
Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de condena contra ella. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.
En el proceso se dilucida si hubo licitaciones manipuladas, sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
La vicepresidenta considera que las acusaciones de las que fue objeto en esta y otras causas fueron armadas por opositores en connivencia con sectores mediáticos y del Poder Judicial para perseguirla y sacarla del escenario político.
Es una postura que comparte el presidente Alberto Fernández pese a las fricciones que lo distanciaron en el último año de su compañera en el poder.
“Comparto los argumentos de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la llamada ‘causa vialidad’. Como decía Francesco Carrara, cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana”, escribió el presidente en Twitter en referencia al reconocido jurista italiano.
El mandatario declaró como testigo en el juicio desvinculando a Fernández de Kirchner de cualquier delito debido a que ejerció como jefe de gabinete durante el gobierno de la ahora vicepresidenta, lo que suponía intervenir en la distribución de partidas del presupuesto, entre ellas las de la obra pública.
La exmandataria acusó además a los fiscales de haber generado con sus “mentiras” un caldo de cultivo para que se produjeran agresiones en su contra, como el frustrado atentado del que fue víctima el 1 de septiembre, por el que tres personas están detenidas y procesadas.
Fernández de Kirchner compartió posteriormente en sus redes sociales un escrito sobre “las veinte mentiras" por las que es juzgada rechazando que la asignación de fondos a Santa Cruz para obras viales fuera ilegal. “Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución”, sostuvo.
Los fiscales, en tanto, consideraron que la dirigente política orquestó “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”.
Señalaron además que la discrecionalidad en la adjudicación de obras también habría tenido lugar durante el mandato de Néstor Kirchner, el fallecido esposo y antecesor de la dirigente peronista que gobernó entre 2003 y 2007.
En caso de ser condenada, Fernández de Kirchner puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales superiores, un proceso que puede estirarse años. La ley no le impide presentarse a cargos públicos en las elecciones generales de 2023 hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie de manera definitiva.