CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el jueves que presentó al Congreso la reforma de una ley para impulsar el desarrollo de proyectos en las tierras comunales y que estas últimas permanezcan en manos de los indígenas.
Arévalo mantiene mesas de diálogo con comunidades indígenas, que fueron clave para su toma de posesión en 2023, cuando miles de ellos bloquearon carreteras durante 22 días ante la amenaza de que la fiscalía y políticos que perdieron elecciones no permitieran que el entonces presidente electo tomará posesión del cargo.
En febrero de 2024 Arévalo firmó un acuerdo con comunidades indígenas y campesinas en el que se comprometió a atender la conflictividad agraria y el acceso a la tierra para miles de campesinos.
En conferencia de prensa junto a varios líderes indígenas para anunciar la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto, Arévalo explicó que cuando se quiere realizar un proyecto como la edificación de un centro de salud y va a ser construido en tierras comunitarias, se requiere que la propiedad de éstas pase a manos de las municipalidad, lo que hace que las comunidades pierdan el derecho de propiedad.
“La iniciativa que presentamos hoy abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades, respetando los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Arévalo.
El presidente explicó que los cambios facilitarán la construcción de escuelas, hospitales, centros de salud permanentes, salones comunales y otras obras de infraestructura para el desarrollo en tierras de propiedad indígena que están inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de las comunidades.
El anuncio se hizo cuando en el país se conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
Dina Juc, alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán, en el departamento de Sololá, dijo que respalda la reforma que debería ser tratada con carácter de urgencia por el Congreso.
Se trata “de una muestra de reparación histórica a los pueblos indígenas que han sido marginados, excluidos y vulnerados, que no se les ha hecho justicia después de 500 años de despojo, desalojo, criminalización y (ser) excluídos del desarrollo”, manifestó Juc.
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, dijo que la propuesta da “la posibilidad de que el poder público pueda hacer inversiones en las comunidades" y crea condiciones "para que la inversión pública que llegue a todos, en todo el territorio nacional”.
En 2022 una comunidad indígena demandó al Estado guatemalteco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haberle otorgado durante más de 40 años la titularidad de sus tierras ancestrales y permitir su uso para proyectos mineros. Un año después la demanda favoreció a la comunidad.
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