MEXICO CITY – Activistas rechazaron el jueves ataques desde el gobierno de México a los voluntarios que buscan a personas desaparecidas, tras la difusión de un video en una conferencia presidencial en el que se cuestionó a la prensa por dar cobertura al hallazgo de un supuesto crematorio de cuerpos que luego fue descartado.
El presidente de la organización no gubernamental local Comité Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, condenó el jueves que el mandatario mexicano haya convertido en un “acto burlesco” una denuncia de una de las mujeres que buscan los cuerpos de sus familiares desaparecidos, ante la falta de apoyo de las autoridades en la tarea.
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Ceci Flores, una mujer que ha pasado gran parte de la última década buscando los cuerpos de sus dos hijos desaparecidos, anunció la semana pasada el hallazgo de un supuesto crematorio de personas en la Ciudad de México, que fue después descartado por la Fiscalía capitalina al asegurar que solo se encontraron resto de origen animal.
A raíz de la denuncia, el tema llegó a la conferencia presidencial que ofrece el gobierno de México cada mañana. En la del miércoles se difundió un video en el que se señaló a la prensa de tener un “delirio necrofílico” por dar cobertura al supuesto hallazgo del crematorio denunciado por Flores.
Raymundo Ramos advirtió que el manejo que dio el gobierno a la denuncia de Flores la expuso a un “grave riesgo”. También cuestionó que se utilizara el caso para atacar a los medios de comunicación.
“Estamos en medio de una contienda política que no debe rebasar el respeto a la dignidad de las personas, a la seguridad, a la lucha, y tampoco debe crearse una polémica”, dijo Ramos a The Associated Press.
Y recalcó que “Ceci no está haciendo un acto propagandístico porque quiere fama o dinero. Está llamando la atención de los medios, de la sociedad, del presidente porque está buscando a su hijo”.
La activista lleva mucho tiempo acusando al gobierno de ignorar la difícil situación que enfrenta el país por los más de 100.000 desaparecidos.
Por lo general, las “madres buscadoras” —como se conoce en México a las mujeres que buscan a personas desaparecidas— no intentan condenar a nadie por la desaparición de sus familiares y aseguran que sólo quieren encontrar los restos de sus seres queridos.
El gobierno mexicano ha limitado los esfuerzos para buscar a los desaparecidos, por lo que los voluntarios deben realizar sus propias búsquedas en fosas clandestinas donde los cárteles esconden a sus víctimas, a menudo actuando a partir de pistas anónimas.
Al menos siete buscadores voluntarios han sido asesinados en México desde 2021.
Indira Navarro, líder de un colectivo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos en el estado occidental de Jalisco, también rechazó el manejo que dio el gobierno al caso y dijo que en vez de atacar a los voluntarios se les debería dar más apoyo.
“Es vergonzosa y triste la forma en que el gobierno mexicano utiliza los recursos públicos para hostigar y atacar a los integrantes de los colectivos de búsqueda de personas”, señaló Tyler Mattiace, investigador que cubre México en la división de las Américas de Human Rights Watch. Planteó que no se debe asumir que los activistas buscadores son opositores políticos.
López Obrador ha arremetido en anteriores ocasiones a quienes considera sus oponentes y en sus conferencias de prensa matutinas ha lanzado ataques a sus adversarios. También a los medios de comunicación a los que recurrentemente señala difundir informaciones falsas.
El mandatario ha llamado regularmente a los que se quejan de la violencia generada por las organizaciones delictivas mexicanas como “buitres” o personas que “tratan de sacar provecho del dolor”.
El portavoz de López Obrador y su oficina de prensa no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre si el video que se presentó el miércoles reflejaba la postura del mandatario.
“¿Cuándo ibas a imaginar a un presidente y a todo el poder del Estado convirtiendo a una madre que busca a sus hijos en enemigo?, cuestionó el miércoles Ceci Flores como rechazo a los ataques del gobierno.
“Si alguien tiene un delirio, son ellos que tienen “necrofobia”. Prefieren no ver las muertes, no saber de los desaparecidos e ignorar la realidad que duele con tal de no hacerse responsables”, dijo la activista en un video que difundió en las redes sociales.
El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960 y 1980, pero los registros se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los cárteles que emprendió el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
El problema tuvo su mayor expresión en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.