COLLIER COUNTY, Fla. — El miércoles, el congresista Maxwell Frost, un demócrata cubanoamericano del centro de Florida, regresó a la remota instalación estatal de detención de inmigrantes en los Everglades, conocida por las autoridades como “Alcatraz de los caimanes”.
La instalación fue creada para apoyar la política migratoria de deportaciones masivas de la administración Trump.
Hablando frente al lugar, Frost dijo que planeaba hablar con detenidos de su distrito, el 10.º de Florida, que abarca parte del área de Orlando, y de otras partes del estado, mientras criticaba el centro como un espectáculo teatral y un acto de crueldad con fines de entretenimiento.
“Ahora mismo hay solo 336 personas allí”, dijo Frost. “La última vez que vine aquí, había al menos mil. (Aún hay) jaulas, aún hay condiciones horribles. Pensé que con menos personas los distribuirían mejor y no pondrían a 32 por jaula, pero no fue así”.
Tras salir del centro, Frost indicó que no pudo hablar con las personas con las que había planeado reunirse.
“Ya habíamos coordinado eso con el estado justo ayer, pero no pude reunirme con ninguna de las personas con las que vine a ver”, dijo Frost. “Dijeron que fueron transferidas, que las movieron”.
Frost es uno de más de 60 legisladores demócratas que firmaron una carta dirigida a altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y FEMA, exigiendo más información sobre la relación entre el gobierno federal y el estado.
“La ambigüedad es parte de su estrategia para evitar rendir cuentas”, dijo.
También mencionó que nuevas encuestas muestran que incluso algunos votantes republicanos están incómodos con la manera en que la administración Trump ha estado aplicando su política migratoria, y criticó a los tres republicanos cubanoamericanos de Miami —Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar—, diciendo que enfrentan preguntas urgentes de sus electores mientras aparentan apoyar a los grupos hispanos sin realmente defenderlos.
Frost cree que, a medida que crece la presión sobre los republicanos, comenzarán a unirse a los demócratas en la lucha por una política migratoria más humana, compasiva y fiscalmente responsable.
“Esperamos que los republicanos nos acompañen en este camino para luchar por la humanidad, por nuestros electores, por nuestra gente”, dijo Frost.
También afirmó que contratistas privados están actuando con insensibilidad, violando derechos constitucionales y leyes ambientales para beneficio económico de quienes dirigen las organizaciones privadas que construyen y operan el sitio.
Actualmente, un caso relacionado con la Primera Enmienda se desarrolla en una corte federal, y los legisladores quieren saber si se realizó una revisión ambiental antes de construir la instalación.
Según algunos grupos ambientalistas, la respuesta es no, lo cual constituiría una violación de la ley ambiental.
Los demandantes están pidiendo a una jueza federal que detenga cualquier construcción o uso adicional del sitio con fines de detención migratoria hasta que los gobiernos estatal y federal cumplan con la Ley Nacional de Política Ambiental.
En ese caso, se espera que la jueza emita un fallo antes de que expire la orden de restricción temporal que ya está en vigor, el jueves.
“Sabemos que podríamos recibir la decisión de la jueza en cualquier momento hoy o mañana”, dijo Frost. “Esperamos que esa decisión cierre este lugar”.
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