BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei cuestionó el jueves a los diputados por revertir el veto a una ley que mejora las prestaciones para lo discapacitados porque pone en riesgo el superávit fiscal, el pilar de su plan económico.
La Cámara de Diputados —dominada por la oposición peronista— rechazó la víspera un veto del mandatario a la ley de emergencia en discapacidad y giró el asunto al Senado, donde se espera que corra la misma suerte porque el gobierno no tiene mayoría.
Los disputados, sin embargo, no lograron reunir los dos tercios de los votos necesarios para insistir en una mejora de los ingresos de jubilados y pensionados que también había sido ventada por Milei.
“Ayer (miércoles) asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo (peronismo de izquierda), un Congreso que sólo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado Nacional”, dijo el mandatario ultraliberal en un discurso ante empresarios y políticos en el evento de clausura del Council of Americas, una organización que promueve el libre comercio.
Agregó que “creen que Argentina les pertenece, incluyendo su gente y su riqueza, y prefieren ser dueños de un país destrozado antes que ciudadanos de a pie de una nación próspera y grande”.
Ambas votaciones evidenciaron la fragilidad de los acuerdos políticos del partido gobernante la Libertad Avanza con la oposición más moderada en el Congreso en el marco de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La ley aprobada en junio declaró la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma ordena saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles de prestaciones para personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.
Por otra parte, establece una pensión por discapacidad equivalente al 70% de la jubilación mínima y obliga al Estado a cumplir con un cupo laboral de 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Milei vetó la ley a principios de agosto bajo el argumento de que afectaba el equilibrio fiscal y contradecía el “mandato popular” de “ erradicar definitivamente la inflación ”, ejes de su política económica.
El Congreso estimó que la norma implica un gasto extra para el Estado equivalente a entre 0,26% y 0,46% del Producto Interno Bruto.
Pese a que Milei cuenta con un respaldo mayoritario de la población para llevar adelante medidas que contengan la inflación, el ajuste a sectores vulnerables genera más de 60% de rechazo.
El rechazo al veto se logró con votos del peronismo, la izquierda y bloques más moderados que venían acompañando al oficialismo en otras iniciativas.
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