LA PAZ, Bolivia (AP) — Tras dos años y ocho meses en prisión preventiva, el suspendido gobernador opositor boliviano Luis Fernando Camacho se preparaba el viernes para abandonar un penal cerca de La Paz y trasladarle hasta Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, donde es esperado por miles de seguidores.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó esta semana que se revoque el arresto preventivo de Camacho, de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y del líder cívico Marco Antonio Pumari por haberse excedido el plazo de esa medida.
Los tres están acusados de liderar las protestas de 2019 que dejaron 37 muertos y forzaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) tras unos comicios denunciados de fraudulentos en los que buscaba otra reelección.
Camacho es juzgado por terrorismo y sedición y tiene otros procesos en su contra, entre ellos por incumplimiento de deberes y uso de bienes públicos por una huelga de 36 días en 2022 en Santa Cruz en contra del gobierno del actual presidente Luis Arce.
La libertad de Áñez tomará más tiempo ya que la justicia debe anular varios procesos en curso en la vía ordinaria para que se inicie en libertad un juicio político reservado a exmandatarios en el ejercicio del cargo, explicó su abogado defensor Luis Guillén.
Áñez tenía previsto el viernes comparecer en una nueva audiencia virtual por la muerte de manifestantes en la que está procesada por presunto genocidio. La exmandataria lleva cuatro años y cinco meses detenida en un penal común de La Paz y fue condenada a 10 años por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución” por la sesión parlamentaria en la que asumió el cargo siendo senadora opositora tras la renuncia de Morales.
La fiscalía alega que el mandato de Áñez fue “ilegal” y producto de un “golpe de Estado”. La oposición sostiene que las protestas de 2019 fueron una “rebelión contra el fraude”.
También se espera que Pumari salga en libertad el viernes.
Amnistía Internacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han dicho que los juicios en contra de los tres tienen motivaciones políticas y que no se respeto el debido proceso. Esta semana, otros tres exjefes militares procesados dejaron la cárcel tras haberse revocado la detención preventiva y medio centenar de detenidos por aquellos hechos esperan el mismo beneficio.
La decisión de la justicia se da tras las elecciones del 17 de agosto que marcaron un giro político luego de la derrota del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y Arce, que gobernó por casi 20 años.
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