COLLIER COUNTY, Fla. — Los camiones de carga entrando y saliendo se han vuelto una escena común en el centro de detención rural de los Everglades apodado ‘Alligator Alcatraz’.
Esta vez, son señales de que el centro en problemas está cerrando operaciones.
“La pregunta es, ¿hay algún buen lugar para poner una instalación de detención?”, preguntó el representante Mario Díaz-Balart durante una aparición en “This Week in South Florida” el domingo por la mañana.
Sky 10 estuvo sobre la instalación a principios de esta semana cuando se vieron camionetas blancas sacando a los detenidos después de que un juez federal ordenó a la instalación cerrar operaciones en 60 días.
“Los tribunales han hablado y por lo tanto deberían seguir lo que los tribunales han dictaminado”, dijo Díaz-Balart. “Mientras el presidente y la administración están siendo lo más agresivos posible, aplaudo sus esfuerzos y no estoy de acuerdo con otros”.
Un enfoque agresivo que fue detenido tras preocupaciones ambientales y un puñado de demandas, incluyendo una demanda de la ACLU argumentando que el estado violó los derechos de primera enmienda de los detenidos, limitando el acceso a abogados.
“Si no hay instalación, entonces no hay necesidad de tener acceso también”, dijo el analista legal David Weinstein. “Eso podría dejar sin efecto algunas otras demandas pendientes también”.
Se espera que las cercas de la instalación sean derribadas, las luces serán apagadas y las carpas removidas, ya que los oficiales han recibido órdenes de devolver el sitio a la pista de aterrizaje existente.
“Ya sea que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con esta instalación, se hizo realmente rápido. Se hizo responsablemente”, dijo Díaz-Balart.
El congresista continuó diciendo que no critica al gobernador de Florida Ron DeSantis, diciendo que el gobernador tomó acción rápida debido a una necesidad nacional.
“Es una instalación de detención”, dijo Díaz-Balart. “Es en esencia una prisión de seguridad mínima y los estándares son mucho mejores de lo que eran, por ejemplo, durante la administración Obama”.
La instalación, construida en ocho días y requiriendo mil empleados y tres mil camas, acumuló una cuenta de más de $200 millones.
Varias demandas han sido presentadas contra la instalación, aunque no está claro cómo se desarrollarán con la decisión de cierre.
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