QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Daniel Noboa encabezó el martes a una multitudinaria marcha hacia la Corte Constitucional para expresar su oposición a los recientes fallos de ese tribunal que, a su criterio, anulan herramientas legales clave para enfrentar al crimen organizado.
La policía y los militares “se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, manifestó Noboa al final de la demostración y les recordó a los jueces que las fuerzas del orden y la ciudadanía “están en un territorio de guerra” con delincuencia en las calles, inseguridad y narcotráfico.
El mandatario, acompañado de ministros y asambleístas, presidió la masiva demostración que llegó a las puertas del edificio de la Corte y que algunos analistas advirtieron que plantea un conflicto de poderes. Ese tribunal es el máximo organismo de control e interpretación de la Constitución vigente desde 2008.
Por iniciativa del Ejecutivo la Asamblea —de mayoría oficialista— aprobó recientemente tres leyes consideradas decisivas para enfrentar la creciente ola de violencia que protagonizan grupos criminales.
Pero la Corte suspendió provisionalmente artículos incluidos en tres normas, entre ellas uno de la Ley de Inteligencia que dispone que las operadoras telefónicas entreguen información de usuarios para acciones de inteligencia y la posibilidad de interceptar comunicaciones o documentos.
También suspendió apartados de la llamada Ley de Solidaridad, como uno que establece el indulto presidencial a favor de policías y militares que, por ejemplo, hayan matado a delincuentes en el marco del estado de conflicto armado interno decretado por Noboa a inicios de 2024.
La suspensión temporal de estos artículos forma parte del trámite que sigue la Corte tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales y gremiales.
En declaraciones a The Associated Press el catedrático y analista político de la Universidad Equinoccial, Francisco Camino, dijo que la marcha del martes “no es más que un duro mecanismo de fuerza” para lograr un "golpe de efecto y una narrativa de respaldo popular al presidente”.
En tanto, el analista jurídico Ramiro Aguilar, expresó que evidencia “un conflicto institucional que busca romper el sistema de contrapesos que tiene la Constitución. En este caso el principal contrapeso del Ejecutivo es la Corte Constitucional”.
Por su parte, la Corte reconoció el derecho a la libre expresión y protesta pacífica pero aseveró que deben ejercerse “dentro del respeto a la institucionalidad y sin menoscabar la función de los órganos que la Constitución ha dotado de autonomía”.
Añadió que los espacios para el debate de los artículos suspendidos son las audiencias convocadas para la próxima semana.
La Corte a su vez aludió a una “estigmatización que incrementa el riesgo” a la seguridad de los jueces luego de que en las últimas horas aparecieran en la capital pancartas gigantes con los rostros de los magistrados constitucionales junto a la frase: “Éstos son los jueces que nos están robando la paz”.
En una arremetida anterior contra el tribunal Noboa reveló que entre las siete preguntas propuestas para una consulta popular está la posibilidad de someter a juicio político a los jueces constitucionales.
Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.