MIAMI — Las organizaciones ambientalistas sin fines de lucro Amigos de los Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica continuaron esperando para escuchar los hallazgos de la jueza de distrito Kathleen Williams.
Su muy esperado fallo es sobre un caso sobre si el gobierno estatal y federal cumplió con la ley ambiental antes de construir un centro de detención y deportación masiva de migrantes en los Everglades.
Los grupos ambientalistas habían argumentado que el gobierno violó la ley cuando comenzó a pavimentar apresuradamente tierras protegidas en esta área ecológicamente sensible para operar una instalación diseñada para ayudar a la administración Trump a ejecutar su política de inmigración de deportación masiva.
Los grupos pidieron a un juez federal que detenga cualquier construcción o uso adicional del sitio con el propósito de detención de inmigrantes hasta que los acusados del gobierno estatal y federal cumplan con la Ley de Política Ambiental Nacional.
Durante los procedimientos de la corte federal, un ecologista de humedales le dijo al juez que al menos 20 acres del sitio habían sido pavimentados con asfalto, lo que presentaba riesgos de escorrentía que contaminaban el sistema de agua natural único del área circundante.
Agregó que “a pesar de la posible presencia de cercas de limo en el sitio”, la falta de un sistema de gestión de aguas pluviales corría el riesgo de dañar el hábitat y los animales.
“Vi cosas como derribar la cerca de limo, que es lo que se supone que mantiene los Everglades despejados y limpios de cosas como fugas, de baños, tanques de diesel, tanques de gasolina, tanques de combustible, cosas así”, dijo el representante estadounidense Maxwell Frost.
Trabajando para distanciarse de la instalación estatal, el abogado que representa al gobierno federal argumentó durante una de las audiencias que no se realizó ningún estudio de impacto ambiental porque no se le ocurrió la idea de colocar un centro de detención de inmigrantes para detenidos federales en los Everglades.
Un abogado del estado le dijo a un juez que controlan el sitio, no los federales.
NEPA solo se aplica a las agencias federales, pero en la orden de restricción temporal de la jueza Williams, que implementó el 7 de agosto, que expira el 21 de agosto, otorgando la solicitud de TRO de los demandantes para detener cualquier iluminación, pavimentación, relleno, excavación, preparación del sitio o cercado adicionales de estilo industrial, la jueza señaló el acuerdo del estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que activaría NEPA en la instalación estatal.
“Durante el argumento, los acusados federales admitieron que el proyecto estaba operando bajo un acuerdo 287 (g) entre el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE)”, escribió el juez, “cuyos oficiales delegados federalmente operan en la instalación”.
Se unieron a la demanda los indios Miccosukee de Florida. Un abogado que representó a la tribu durante las audiencias de la corte federal citó el aumento del tráfico y el hecho de que hay 10 aldeas tribales dentro de un radio de tres millas de la instalación, incluida una escuela, caza y pesca.
La Reserva Nacional Big Cypress es parte de sus tierras ancestrales. Los miembros de la tribu han dicho que las luces brillantes de la instalación y el aumento de las actividades también afectan su acceso a la tierra sagrada y las funciones ceremoniales.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. le dijo a Local 10 News en julio que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias reembolsaría en gran medida a Florida por los gastos de sus instalaciones. El costo total, dijo el portavoz, es de aproximadamente $ 450 millones por año.
“FEMA tiene aproximadamente $625 millones en fondos del Programa de Refugio y Servicios que se pueden asignar para este esfuerzo”, declaró en parte el portavoz.
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