BUENOS AIRES (AP) — En un claro desafío al Congreso, el presidente argentino Javier Milei dejó el lunes en suspenso la implementación de la ley de emergencia en discapacidad, tras haberla vetado y que el Poder Legislativo, por amplia mayoría, insistiera semanas atrás con su sanción original.
Así lo hizo al promulgar el lunes a través de un decreto la norma ratificada por el Parlamento el pasado 4 de septiembre, pero, al mismo tiempo, dejó “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé”.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue dictada en la misma jornada en la que la gestión del mandatario ultraliberal anunció grandes concesiones para el agro, al llevar a cero hasta fines de octubre próximo las retenciones a las exportaciones de granos y carnes avícolas y bovinas en busca de acelerar las ventas externas del sector agropecuario para nutrir de dólares a las debilitadas reservas del Banco Central.
El decreto "es nulo de nulidad absoluta e insanable y viola los derechos de las personas con discapacidad”, aseveró a través de la red social X el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Advirtió, además, que “la Constitución argentina es clara y concreta en lo atinente al proceso de formación y sanción de las leyes” y prevé la posibilidad del Poder Legislativo de insistir, con una mayoría especial, en la sanción de una norma a pesar de un veto presidencial.
En tanto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad —integrado por organizaciones de la sociedad civil— expresó su “profundo descontento con un gobierno que continúa desoyendo a la sociedad, incluso cuando ésta le marcó límites claros en materia de derechos humanos básicos”.
En ese marco, el colectivo de organizaciones instó en que “se revierta esta situación de inmediato” y expresó “preocupación ante la crueldad con la que se gobierna, poniendo en riesgo derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad”.
Desde el Congreso, el diputado Germán Martínez, uno de los referentes del bloque opositor peronista, fustigó a Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, porque “pretenden no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad diciendo que para eso no hay plata, mientras que, hasta el 31 de octubre, bajan a cero los derechos de exportación, para lo cual sí hay recursos”.
Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau, presidente de la opositora Unión Cívica Radical, también cuestionó la medida. “El gobierno le vuelve a dar la espalda a las personas con discapacidad. Ahora dicen que no pueden implementar la ley porque no tienen la plata. Pero es mentira, es una cuestión de prioridades”.
La nueva ley, que amplía los beneficios para las personas con discapacidad, aumentaría los costos en un 0,28 % del Producto Interno Bruto del país este año, según estimaciones de la oficina de presupuesto del Congreso, y en un 0,46 % el próximo año.
Con el decreto del lunes el gobierno ultraderechista vuelve a desafiar al Congreso, donde hay un claro predominio opositor, a poco más de un mes de las elecciones parlamentarias en las que el oficialismo aspira a revalidar el apoyo popular, un escenario que parece complejo de alcanzar tras la contundente derrota que sufrió en los comicios legislativos celebrados el pasado 7 de septiembre en la populosa provincia de Buenos Aires.
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