CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En la víspera de un nuevo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, padres de las víctimas y alumnos de la escuela de magisterio situada en el sur de México protagonizaron el jueves una protesta ante una base militar de Ciudad de México que acabó con un camión ancajado en una de sus puertas y luego incendiado.
Los familiares de los estudiantes se manifestaron pacíficamente frente a las instalaciones militares portando fotografías de los desaparecidos para exigir justicia y que el ejército colabore en el esclarecimiendo de unos hechos, considerados “crimen de estado” por el gobierno, y que conmocionaron dentro y fuera de México.
Poco después, algunos de los jóvenes manifestantes con la cara cubierta echaron un camión de reversa contra una de las entradas del campo militar y cuando el vehículo quedó encajado lanzaron cohetes hasta que lo incendiaron. Las autoridades no reportaron ningún herido.
A 11 años del ataque ocurrido el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, todavía se desconocen muchos detalles del crimen. No está claro ni el móvil ni el destino de los estudiantes, aunque se han encontrado restos calcinados de tres de ellos.
Las autoridades creen que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.
Los familiares de los desaparecidos así como sus abogados llevan desde 2022 exigiendo a las Fuerzas Armadas que entreguen cientos de documentos que podrían ser claves en el esclarecimiento del caso pero los militares no lo han hecho.
Desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder hace un año, cambió el fiscal del caso y la presidenta asegura que hay nuevas líneas de investigación pero las familias siguen sin ver avances y sus portavoces mostraron su decepción tras la última reunión mantenida con la mandataria a inicios de este mes.
Hay decenas de detenidos por este crimen, entre ellos el ex procurador general Jesús Murillo Karam, procesado por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia; otros arrestados fueron puestos en libertad por errores en el proceso y existen órdenes de captura y extradiciones pendientes, entre ellas la del primer investigador jefe del caso, Tomás Zerón, que se esconde en israel.
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