MIAMI, Fla. — Meses de debate han dejado el futuro del centro de detención del ICE conocido como “Alligator Alcatraz” en manos de un juez federal.
En un tribunal federal de Miami el miércoles, el abogado que representa a grupos ambientalistas dijo al juez que sugerir que un centro de detención de inmigrantes construido en una reserva, en lo profundo de los Everglades, no tiene impacto ambiental es “absurdo”.
El abogado señaló que esto es especialmente cierto ya que el gobierno estatal y federal no cumplieron con la ley al analizar los posibles impactos ambientales en un ecosistema sensible que involucra fauna silvestre, calidad del agua y una tribu nativa americana, cuando tomaron el sitio de manos del condado de Miami-Dade.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, uno de los demandantes, pidió al juez detener cualquier construcción o uso del lugar con fines de detención migratoria hasta que los gobiernos estatal y federal cumplan con la Ley Nacional de Política Ambiental.
“Hemos escuchado a testigos expertos que declararon sobre el daño que esta instalación podría causar a los Everglades”, dijo Samples. Contaminación lumínica, contaminación del agua, impacto en especies en peligro. Esta es una ley de sentido común que requiere que el gobierno analice el impacto de sus acciones, reciba opinión pública y considere alternativas menos dañinas, y el gobierno no hizo nada de eso en Alligator Alcatraz.”
Un abogado del gobierno federal dijo que no se hizo ningún estudio porque “no ha habido acción federal”.
Tomando distancia de la instalación administrada por el estado, un abogado del Departamento de Justicia de EE. UU. sostuvo que el gobierno federal no inició la idea de colocar una instalación en los Everglades.
Un abogado del estado dijo al juez que la ley ambiental federal no aplica, en parte, porque no ha habido financiamiento federal para el sitio y, según su postura, un posible reembolso federal futuro no califica como acción federal definitiva.
“Tenemos la esperanza de que el juez considere que la evidencia es suficiente para cerrar el sitio, de modo que el gobierno estatal y federal cumplan con la ley”, dijo Samples.
En su réplica, los demandantes argumentaron que, aunque sea una instalación administrada por el estado, cumple una sola función: servir a las necesidades del ICE y a la política federal de detención y deportación masiva de la administración Trump, lo que constituye una función federal.
Este punto es clave en el caso ya que la ley ambiental federal solo aplica a agencias federales.
El analista legal David Weinstein dijo que el juez intentará decidir si “los demandantes han cumplido con su carga de demostrar un daño irreparable” al medio ambiente.
“Deben demostrar que hubo un impacto ambiental, que no se hizo ningún estudio y que, a menos que se detenga cualquier nueva construcción y potencialmente la operación de la instalación, los Everglades sufrirán daños”, explicó. “Y si cumplen con esa carga, el daño es irreparable y emitirá una orden de suspensión temporal.”
Dijo que los demandantes también deberán probar que la instalación es operada por el gobierno federal, algo que la defensa ha negado.
“Esa es la única forma en que esa ley aplicaría”, dijo. “La única forma en que se debe realizar un estudio ambiental. Si no pueden probarlo, ni siquiera se llega al estándar de daño irreparable.”
Weinstein señaló que la defensa ha argumentado tres cosas: que la demanda no se presentó en el distrito correcto, que no ha habido participación federal y que no existe un impacto ambiental mayor al del aeropuerto existente.
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