COLLIER COUNTY, Fla. — No solo los inmigrantes, sino también la información pública parece estar retenida dentro de las carpas de “Alligator Alcatraz”.
La mayoría de los datos disponibles sobre cómo se están utilizando los fondos públicos en esta instalación pública sobre terreno público provienen de audiencias y documentos judiciales federales.
“Creo que el agujero negro (de información) sigue expandiéndose”, dijo el martes el experto legal David Weinstein. “Con suerte, alguien terminará revelando cuánto costó operar esta instalación, ya que probablemente busquen reembolso.”
Local 10 News captó más equipos saliendo de las instalaciones el mismo día en que la agencia estatal que la administra llevó su solicitud para pausar la orden de cierre, dictada el 21 de agosto por la jueza federal Kathleen Williams, directamente al Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito.
“No recibieron respuesta a su solicitud de suspensión en la corte de distrito, así que ahora han presentado su apelación en el Tribunal del 11° Circuito, que revisará las mismas preguntas planteadas en esa solicitud”, explicó Weinstein.
Dijo que el estado basa su defensa en tres argumentos clave: que se trata de una instalación estatal (por lo que ciertas leyes ambientales federales no aplican), que hubo errores de procedimiento respecto al lugar del juicio, y que los demandantes no han demostrado daños inmediatos o irreparables al medio ambiente.
El recurso afirma que aún no han recibido respuesta de la jueza Williams sobre su solicitud de suspensión, y que cada día que pasa genera daños económicos irreparables.
“No es inusual que la jueza no se haya pronunciado aún”, dijo Weinstein. “Probablemente no concederá la suspensión, por eso no tiene prisa en rechazarla.”
Esto plantea una gran pregunta: ¿cuánto han pagado los contribuyentes de Florida por esta instalación, que comenzó a construirse el 23 de junio y recibió a sus primeros detenidos el 3 de julio?
Aunque aún se espera respuesta de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), en una audiencia federal se reveló que el costo podría superar los $250 millones, más de la mitad de los $450 millones que el DHS estimó para su operación anual.
Aunque el DHS dijo el 1 de julio que la instalación se financiaría en gran parte con el programa de albergue de FEMA, el estado afirmó ante el 11° Circuito: “Hasta ahora, el Estado no tiene derecho legal exigible a ser reembolsado por los fondos gastados, y el gobierno federal no ha reembolsado al FDEM.”
“Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se usa su dinero y qué se está haciendo con él”, dijo Weinstein. “Sobre cuántas personas están detenidas allí y qué sucede exactamente, es un área gris, pero a la vez muy clara.”
Para el estado de Florida, esta es una instalación de detención, y por eso consideran que los datos sobre los detenidos son “información sensible de cumplimiento de la ley”, y se niegan a divulgar números.
En febrero, el gobernador DeSantis anunció la creación de una fuerza especial estatal llamada DOGE para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Mientras la DOGE audita gobiernos locales como el del condado de Broward, Local 10 News consultó con la oficina del gobernador, DERM y el Departamento de Servicios Financieros si esta fuerza planea auditar los gastos estatales en esta instalación con desafíos legales, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Tampoco se sabe cuántos detenidos hay actualmente en el sitio.
En su escrito ante el 11° Circuito, las autoridades dijeron que desde el 3 de julio han detenido allí a “miles” de personas.
Durante una audiencia federal se supo que la mayoría de estos detenidos no tenía antecedentes penales, y una nueva demanda alega que las condiciones violan los estándares de detención del ICE.
Los demandantes afirman que las personas detenidas en esta instalación “desaparecen del localizador en línea de detenidos de ICE”, dificultando que abogados y familiares los encuentren.
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