COLLIER COUNTY, Fla. — Aunque la operación del centro de detención de inmigración “Alligator Alcatraz” en los Everglades parece haber terminado, un juez decidirá pronto si las personas detenidas allí fueron privadas ilegalmente de acceso a sus abogados.
Es una de varias batallas legales que siguen abiertas, mientras el estado, el gobierno federal y los grupos ambientalistas esperan la decisión del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito sobre un fallo que ordenó el cierre del centro de detención de inmigración administrado por el estado en los Everglades para mediados de octubre.
El juez determinó que el gobierno violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).
“Sabemos que esta batalla no ha terminado”, dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades. “Habrá una siguiente etapa en el tribunal de apelaciones”.
Una demanda separada presentada en un tribunal federal, relacionada con los derechos legales de los detenidos, se reanudará el jueves con una audiencia de estado.
“Aún falta mucho. Estamos muy lejos de tener respuestas y de la rendición de cuentas por este centro de detención”, dijo Katie Blankenship, socia fundadora de Sanctuary of the South y una de las demandantes.
Los demandantes afirman que el gobierno violó los derechos de la Primera Enmienda de los detenidos al negarles acceso oportuno y confidencial a abogados en la instalación, construida en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier —propiedad del condado de Miami-Dade— en el condado de Collier.
“Lo que esperamos es que este caso les haga reflexionar antes de tomar acciones tan atroces y que establezca claramente un precedente sobre la importancia de los derechos de la Primera Enmienda para los inmigrantes bajo custodia de ICE”, dijo Blankenship.
El analista legal David Weinstein, que no participa en el caso, opinó:
“Su argumento va a aplicarse no solo a esta instalación en particular, sino a cualquier instalación, sea temporal o no”, dijo Weinstein. “¿Están teniendo acceso a sus clientes? ¿Tienen acceso a sus clientes en un lugar donde puedan mantener conversaciones amparadas por el privilegio abogado-cliente? ¿Con qué rapidez pueden llegar hasta ellos? ¿Hay incidentes en los que se les niega el acceso y, cuando finalmente lo obtienen, sus clientes ya no están?”
En otro caso, defensores de los derechos de los inmigrantes están impugnando la autoridad legal de Florida para operar una cárcel de inmigración administrada por el estado.
La demanda llega en un momento en que otros estados comienzan a seguir el modelo de Florida, desde la propuesta “Cornhusker Clink” en Nebraska hasta la “Speedway Slammer” en Indiana.
“Otros estados y otras instalaciones están observando de cerca esta demanda nuevamente por las cuestiones legales a las que se reduce”, dijo Weinstein. “Si este tema surge otra vez, quieren una ley clara. Si se trata de una instalación estatal, el estudio de impacto ambiental exigido por un estatuto federal no aplica; pero si se opera bajo la dirección de entidades federales, entonces sí aplica el estatuto y se necesita una declaración de impacto ambiental.
“Los Everglades no son el único lugar del mundo donde la operación de un centro de detención va a tener un impacto. Y ni siquiera tiene que ser un centro de detención. Podría ser una fábrica de widgets, una panificadora, cualquier cosa que vaya a impactar el medio ambiente. Si está dirigida y operada por el gobierno federal, se necesita un estudio de impacto ambiental”.
Weinstein agregó que los estados también revisarán sus propias leyes que puedan exigir estudios.
Blankenship concluye: “Estamos en un lugar de absoluta falta de legalidad con nuestro propio Poder Ejecutivo y el Departamento de Seguridad Nacional”.
“No debería hacer falta que un tribunal federal venga a cerrar esto”, dijo. “Es ilegal y de casi todas las formas en que se lo mire, desde los acuerdos que supuestamente dieron origen a la capacidad del estado para abrirlo hasta la manera en que lo están operando”.
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