LIMA (AP) — El presidente de Perú, José Jerí, decretó el martes un nuevo estado de excepción por 30 días en la capital del país, con lo que quedaron suspendidos algunos derechos constitucionales con el objetivo de hacer frente a unos persistentemente elevados índices delictivos a pesar de que a principios del año se implementaron dos medidas similares.
En un mensaje televisado de menos de un minuto, el mandatario señaló el martes que “las guerras se ganan con acciones, no con palabras” y que a partir de este momento iba “a cambiar la historia de la lucha contra la inseguridad en Perú” con un nuevo enfoque, en el que se pasa “de la defensiva a la ofensiva”.
Jerí no aclaró si pedirá al Parlamento que se deroguen seis leyes —por las cuales votó a favor mientras se desempeñó como legislador— y que, según los expertos, han debilitado la lucha contra el crimen. Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre cuando, como presidente del Congreso, tomó el lugar de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Parlamento en medio de un desplome en sus índices de aprobación.
Las seis leyes en cuestión eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.
Durante una multitudinaria protesta contra Jerí el pasado 15 de octubre, en la cual un civil murió a manos de la policía, los manifestantes exigieron la renuncia inmediata del mandatario, la disolución del Parlamento y derogar el paquete de leyes que, según los expertos, debilitan la lucha contra la delincuencia.
Una publicación extraordinaria en la gaceta oficial El Peruano, detalló las medidas de excepción. Los cambios ahora permiten que elementos de las fuerzas de seguridad ingresen a cualquier residencia y detengan a sospechosos dentro o fuera de su domicilio sin contar con una orden judicial. La población tampoco puede reunirse para realizar protestas sin contar con permiso de las autoridades.
El estado de excepción establece varias prohibiciones en las prisiones, incluyendo la disminución de visitas a los reclusos, el recorte del suministro eléctrico en las celdas para otro uso que no sea el de iluminación, y la destrucción de antenas telefónicas ilegales en los alrededores.
También se prohíbe que dos adultos viajen a bordo de una misma motocicleta, además de que permite que las autoridades soliciten documentos de identidad a la población en las calles de la capital,
lineal y se solicitará documentos de identidad a los habitantes de la capital en las calles, incluido el ingreso por la fuerza a una residencia.
El gobierno de Boluarte decretó en marzo un estado de excepción que se extendió hasta mayo, medida que fue duramente criticada por su ineficacia en el combate a los grupos criminales que extorsionan a los pequeños empresarios y asesinan a los trabajadores del transporte público, incluso delante de sus pasajeros.
Perú sufre un marcado aumento en los índices delictivos en los últimos años, mientras la mayoría de víctimas pertenece a la clase trabajadora. Los asesinatos subieron de 676 casos en 2017 hasta 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron de 2.305 en 2020 a 21.746 en 2024, según datos de la fiscalía.
Se han reportado extorsiones contra transportistas, comerciantes, bodegueros, panaderos, dueños de colegios privados, dueños de restaurantes y grupos musicales. En Lima, los pequeños empresarios pierden más de 137.000 dólares diarios a manos de la delincuencia, según un estudio de la consultora Videnza, que entrevistó a 1.442 negocios capitalinos en 2024.
Los expertos han indicado que las extorsiones se pueden combatir destinando un mayor presupuesto y personal a las unidades investigativas de la policía en todo el país, así como a través del fortalecimiento de leyes que han sido debilitadas por el actual Congreso.
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