DORAL, Fla. — Mientras la administración de Donald Trump avanza con su ofensiva contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, cientos de miles de venezolanos están a punto de perder su estatus legal en Estados Unidos.
Muchos, en la práctica, se verán obligados a marcharse.
Un hombre de Doral, que pidió mantener su identidad en reserva, dijo que la decisión lo ha dejado aterrorizado por su futuro. Teme por su vida.
“Mi mamá sigue allá, mi papá sigue allá”, contó, sin saber qué hará a partir de ahora.
Él es uno de los cientos de miles de venezolanos que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS), una designación que permite a personas de países en crisis vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la secretaria Kristi Noem determinó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para mantener la designación de TPS.
Los venezolanos que recibieron este beneficio en 2021 perderán su protección el 7 de noviembre.
“¿Qué significaría para ti regresar a Venezuela en las condiciones actuales?”, le preguntó el reportero de Local 10 News Christian De La Rosa.“No lo sé”, respondió. “Podrían matarme.”
El hombre mostró fotos de su vida anterior como profesor universitario y activista político en su país, donde asegura que se enfrentó al régimen del dictador Nicolás Maduro.
Dice haber sido golpeado “muchas, muchas veces” y perseguido por ser gay.
Aún afectado por esa experiencia, relató que escapó de Venezuela en 2022 y se estableció en el sur de Florida, amparado por el TPS.
Como muchos venezolanos en la región, apoya la ofensiva del gobierno de Trump contra el narcotráfico, pero dice no entender por qué la misma administración ahora obliga a regresar a personas como él a un país que Estados Unidos ha calificado como una “narco-dictadura”.
“¿Qué piensas de eso?”, le preguntó De La Rosa.“No sabemos qué sentir”, respondió. “Estamos asustados. No tiene sentido, simplemente no tiene sentido.”
En Doral se respira pánico y alarma. Se reporta que muchas personas empacan sus pertenencias, venden sus autos y buscan viajar a países de Europa.
También se distribuyen volantes en la ciudad para reunir apoyo a varios proyectos de ley en el Congreso, como el Venezuelan Adjustment Act, que busca ofrecer una vía hacia la residencia legal, y otros que intentan extender el TPS.
Sin embargo, con el cierre del gobierno federal, esos proyectos permanecen estancados — y el tiempo se agota.
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