BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta Cristina Fernández enfrenta desde el jueves un juicio por la que los investigadores consideran la mayor causa por corrupción de la historia argentina reciente, acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudó dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales en las áreas de la construcción, la energía y el transporte.
Carlos Beraldi, abogado de Fernández (2007-2015), seguía el debate encabezado por un tribunal federal de forma virtual. La exmandataria se encontraba en su departamento en Buenos Aires, donde desde junio cumple una pena de prisión domiciliaria de seis años por corrupción.
Fernández ha negado los cargos en este nuevo proceso que la tiene como principal imputada y antes del inicio de la primera audiencia sostuvo en X que la justicia busca montar “otro show” para ponerle freno en la arena política.
“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, sostuvo la exmandataria. Fernández quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos en la sentencia a prisión que la Corte Suprema confirmó este año por el caso de más de 50 obras viales direccionadas a un empresario allegado.
“Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses”, agregó la exmandataria en alusión a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.
Junto a Fernández también serán juzgados otros 19 exfuncionarios y 65 empresarios.
La defensa de la exmandataria sostiene que no hay pruebas que la incriminen, pero la Corte Suprema avaló el avance del expediente hasta la etapa del juicio oral.
Además de acusarla como jefa de una asociación delictiva, el fiscal federal Carlos Stornelli consideró que Fernández es coautora en 204 oportunidades del delito de cohecho pasivo, que es el que comete un funcionario público que acepta, recibe o solicita un soborno.
Los jefes u organizadores de una asociación ilícita pueden recibir una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En tanto, los que cometen cohechos pasivos pueden ser castigados con hasta 6 años de cárcel.
El fiscal señaló que tanto Fernández como su fallecido marido y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner (2003-2007), lideraron una asociación que funcionó entre 2003 y 2015 en el seno del Poder Ejecutivo para recaudar fondos de empresarios beneficiados con contratos con el Estado.
Stornelli centró la investigación en los cobros a empresarios que Oscar Centeno —chofer de un funcionario— asentó en cuadernos de anotaciones registrando de forma precisa los viajes que habría realizado con bolsos cargados de dinero que recibían los exfuncionarios.
En su mensaje Fernández rechazó el "escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos (falsos) reescritos 1.500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’”, en referencia a los empresarios, que confesaron los pagos durante la investigación.
Como organizadores de la asociación ilícita están imputados, entre otros, el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner; el exministro de Planificación Julio De Vido, y el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, quien tenía como chofer al dueño de los cuadernos.
Una investigación periodística puso en conocimiento de la justicia en 2018 el contenido de los cuadernos con las anotaciones sobre los movimientos de Baratta y otros funcionarios que habrían cobrado los sobornos.
Se prevé que el proceso judicial se prolongue durante meses.
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