BOGOTÁ (AP) — El dolor de las víctimas de la tragedia del Palacio de Justicia en Colombia continúa vivo tras 40 años de los sucesos que iniciaron con un asalto armado protagonizado por un grupo guerrillero, que luego fue respondido a fuego por los militares, dejando cerca de un centenar de muertos y algunos desaparecidos.
En un acto solemne de homenaje a las víctimas en el reconstruido Palacio de Justicia, los presidentes de las altas cortes llevaron el viernes arreglos de flores blancas frente a la placa “Que cese el fuego”, que desde el 2022 honra la memoria de los fallecidos enlistando sus nombres.
El 6 de noviembre de 1985 integrantes de la guerrilla M-19 se infiltraron vestidos de civil en el edificio que albergaba las altas cortes en Bogotá. Poco después, más guerrilleros ingresaron a la fuerza en el sótano del edificio en vehículos. Tomaron como rehenes a los funcionarios y civiles que estaban en el lugar y demandaron hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).
El gobierno de la época no negoció con los guerrilleros y emprendió un operativo militar para retomar el control del palacio con tanquetas y armamento, desatando enfrentamientos y generando incendios.
La retoma se extendió hasta el otro día y, aun después de cuatro décadas, la información de lo ocurrido es inconclusa, incluyendo el número de muertos.
“Al día de hoy, muchas víctimas y familiares siguen esperando respuestas y la impunidad sigue siendo una herida abierta porque se investigó y juzgó apenas una pequeña parte de los hechos y los responsables”, aseguró en el evento Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo del 2014, declaró la responsabilidad del Estado colombiano por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el caso del Palacio de Justicia.
La búsqueda de los desaparecidos continúa, dado que hay quienes aseguran que sus familiares salieron vivos del Palacio de Justicia, cuestionando especialmente la labor de los militares que, cuando salían los rehenes, verificaban si eran civiles o guerrilleros.
“El registro audiovisual que muestra al doctor (Julio César) Andrade saliendo vivo de las entrañas ardientes del Palacio de Justicia, en una especie de corte de militares a lado y lado... lejos de aliviar agrava el misterio”, reclamó en el acto conmemorativo Gabriel Eliécer Andrade, hijo del magistrado auxiliar. “Su desaparición, por lo tanto, no fue un accidente, sino el desenlace silenciado”.
Para Andrade, la impunidad que acompaña a los hechos tantos años después representa una paradoja mayor actualmente: “el mismo movimiento terrorista que ejecutó el asalto sangriento a la sede de la ley, hoy ostenta en la persona de sus desmovilizados y no juzgados por ese crimen la dirección máxima del Estado... una afrenta que grita impunidad”.
La víctima hace referencia a que el actual presidente, Gustavo Petro, militó en su juventud en el M-19 e hizo parte de los cerca de 900 guerrilleros que abandonaron la insurgencia en 1990 al firmar un acuerdo de paz con el gobierno para formar un partido político. Algunos fueron asesinados y otros se convirtieron en alcaldes, gobernadores o congresistas y participaron en la construcción de la Constitución que rige en el país.
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