BOGOTÁ (AP) — Un pequeño pájaro de peluche prestó el jueves su voz en Colombia para defender a Carla, una niña de 12 años que fue abusada sexualmente por un familiar que está libre desde hace dos años.
Como el pájaro, otros 200 juguetes intentaron representar la voz de miles de menores que han sido abusados sexualmente como parte de una protesta simbólica realizada en Bogotá por la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS Colombia.
“Los peluches son el símbolo de los testigos mudos de esta situación. En los hogares donde están los niños muchas veces estos peluches pueden estar allí presenciando situaciones que ocurren de forma silenciosa, que nadie ve que son aberrantes”, aseguró a The Associated Press Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles.
En 2024 al menos 17.653 menores fueron sometidos a exámenes médicos por presuntos delitos sexuales en su contra, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que representó una disminución respecto de los 19.192 exámenes practicados en 2023.
Para Reyes la disminución en las estadísticas no es del todo alentadora, porque cree que hay un subregistro debido a la falta de denuncias.
“El 82% de estos delitos ocurren en las propias familias, de manera que hay muchos incentivos para que se queden allí... Si bien la estadística puede estar reflejando una disminución leve, los testimonios que nosotros tenemos permanentemente dan cuenta de que esta situación sigue presente”, explicó Reyes.
Los juguetes “protestaron” frente a la Fiscalía General de la Nación buscando llamar la atención sobre la impunidad al sostener con pancartas que sólo el 4% de los casos de violencia contra niños y niñas llegan a una condena.
Una mujer que pidió reservar su nombre por razones de seguridad relató a la AP que su caso está entre ese pequeño porcentaje y que fue resuelto tras más de una década de procesos judiciales.
Su exmarido fue condenado en segunda instancia a 12 años de prisión por abusar de la hija de ambos, entonces de siete años. Aún después de la condena, aseguró, las secuelas psicológicas continúan. La menor cambió voluntariamente su nombre en un intento por rehacer su vida.
Aldeas Infantiles reclamó mayor celeridad en los casos que siguen sin ser resueltos pese a que en 2022 se aprobó una ley que creó dentro de la Fiscalía una unidad especial de investigación de delitos contra menores.
“Si bien empiezan a crearse las unidades, aún no se han dispuesto los recursos técnicos, humanos, financieros para que puedan realmente funcionar”, explicó Reyes. “Ya se dio el cambio legislativo. Necesitamos también el cambio en la implementación de estas normas”.
La AP solicitó a la Fiscalía General información sobre el funcionamiento de estas unidades sin obtener respuesta de inmediato.
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