TEGUCIGALPA (AP) — Se autodefine como una mujer valiente que no se vende a los grupos económicos y pregona que su deseo es ver a una Honduras próspera y con igualdad de condiciones para sus ciudadanos.
Rixi Ramona Moncada, de 60 años y a quien algunos cuestionan por su discurso confrontativo, es la candidata del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, que busca ganar la presidencia en las elecciones hondureñas del domingo.
Moncada quiere seguir los pasos de la mandataria saliente Xiomara Castro, la primera mujer en llegar a la presidencia en el país centroamericano y a la que considera su aliada en este intento.
Durante la campaña pregonó que buscará la “democratización de la economía”, en una nación de 10 millones de habitantes y donde la pobreza afecta al 60% de la población, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas.
“No hay ninguna posibilidad de desarrollar y transformar el país si no hacemos justicia económica y no eliminamos ese fierro financiero que limita a las familias para acceder a recursos (créditos) con bajos intereses”, ha señalado la candidata, una abogada de profesión, casada y con dos hijos.
Moncada llega junto al candidato Salvador Nasralla, del tradicional Partido Liberal y popular presentador de televisión, y el aspirante del Partido Nacional, el empresario de la construcción Nasry Asfura, como los tres con mejores posibilidades de alzarse con la victoria, según las encuestas.
Su recorrido en la política y vida pública
Moncada es una de las fundadoras del partido Libre que fue estructurado en las calles tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces mandatario de izquierda Manuel Zelaya, esposo de Castro, la gobernante saliente.
Se hizo visible en la vida pública durante la administración de Zelaya (2006-2009) cuando fungió como secretaria de Trabajo y Seguridad Social y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica entre 2008 y 2009.
En 2019 fue elegida por el Congreso miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que formó parte del máximo órgano electoral en los comicios de 2021 en los que Castro logró la victoria. En 2022 asumió el cargo de secretaria de Finanzas y posteriormente fue nombrada en la Secretaría de Defensa. En enero de 2024 anunció que buscaría la presidencia de Honduras.
Como abogada también fungió como jueza y magistrada de la Corte Primera de Apelaciones. Además, ocupó varios cargos dentro del Ministerio Público y se desempeñó como docente universitaria.
La “justicia económica”
Para enfrentar las desigualdades en uno de los países más pobres de América Central, la candidata dice que busca estructurar un plan de gobierno que denomina “Democratización de la economía”.
Promete someter a la aprobación del Congreso una ley de justicia tributaria para que los que más tienen paguen más impuestos, una iniciativa que impulsó el gobierno de Castro pero que no logró los votos suficientes en el Parlamento.
También se ha comprometido a regular y flexibilizar el sistema financiero para que los hondureños tengan mayor acceso a créditos con bajos intereses.
Pero Moncada también ha sido frontal con los poderes económicos. Una de sus promesas apunta a “desmantelar” lo que dice son los 25 grupos económicos y las 10 familias que, a su criterio, se han apropiado del 80% de la riqueza del país.
“Voy a representarlos (a los trabajadores) frente a la oligarquía, frente a los saqueadores, saben que voy a luchar por empleos dignos, por salarios justos, por atención directa a las mujeres y a las familias. Queremos el capital al servicio de la clase trabajadora”, prometió Moncada en su cierre de campaña. También acusa a esos grupos económicos del golpe de Estado contra Zelaya en 2009.
Para el analista político Olbal Valladares, Moncada “tiene un empecinamiento en crear una confrontación con el sector privado... Hay una incoherencia al decir que su gobierno va a generar empleo, pero sus discursos son sumamente contrarios a los intereses del sector privado”.
Otros analistas afirman que Moncada y Nasralla se han enfrascado más en acusaciones mutuas y en denunciar posibles fraudes que en ofrecer un plan de gobierno sólido y realista para enfrentar los viejos problemas de desigualdad y la inseguridad en el país.
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