CARACAS (AP) — El gobierno venezolano anunció el lunes su decisión de terminar de manera inmediata cualquier acuerdo de suministro de gas con Trinidad y Tobago en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó en un comunicado al gobierno de Puerto España de tener una “participación” en el “robo de petróleo venezolano, cometido” por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, el pasado 10 de diciembre. No presentó pruebas.
El anuncio se produce cinco días después de que Trump anunciara que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela.
“Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio”, indicó el escrito publicado por Rodríguez, que también funge como ministra de Hidrocarburos, en su canal en Telegram.
En el comunicado también acusó a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar de revelar “una agenda hostil” en contra Venezuela” desde su llegada al poder, “incluyendo la instalación de radares militares para el asedio” de buques que transportan el petróleo venezolano.
La primera ministra ha “convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadounidense para agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje", añadió.
La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, la semana pasada, vinculó la incautación de un buque petrolero con los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos en América Latina.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, en tanto, lo ve como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.
Maduro anunció a fines de octubre la suspensión de acuerdos de explotación de gas con Trinidad y Tobago en un momento en que un buque de guerra de Estados Unidos se encontraba en la capital de ese país vecino.
Venezuela y Trinidad --que en la década de 1990 firmaron el Tratado de Delimitación que establece los términos sobre la forma de explotación de cualquier yacimiento de hidrocarburos en ambos lados de la línea fronteriza-- suscribieron en 2015 un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos comunes, entre otras medidas para impulsar proyectos binacionales.
El convenio con diez años de vigencia, que fue renovado automáticamente en febrero por cinco años más, permitía que cualquiera de las partes denunciase ese acuerdo.
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