SAN JOSÉ (AP) — La Asamblea Legislativa de Costa Rica volvió a fracasar el martes en su segundo intento de levantar la inmunidad legal al presidente del país, Rodrigo Chaves, solicitada esta vez por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para procesarlo por presuntamente interferir en las elecciones presidenciales del próximo año.
Chaves sobrevivió a una votación similar en septiembre, cuando la fiscalía lo acusó de presunta corrupción
En Costa Rica, la ley prohíbe al presidente de la República en ejercicio manifestarse sobre temas electorales o favorecer con sus criterios a cualquier agrupación política, incluso al propio oficialismo, por lo que Chaves fue señalado en diversas denuncias ante el TSE por este tipo de infracción.
Pero como sucedió en septiembre con la solicitud remitida por la Corte Suprema de Justicia para quitarle el fuero a Chaves por un delito de presunta corrupción, la oposición esta vez tampoco logró reunir los 38 votos necesarios para levantarle la inmunidad al mandatario. Gracias a los votos de diputados del oficialismo, así como del partido evangélico Nueva República y algunos del Partido Unidad Social Cristiana, que se separaron del criterio de su fracción, y de independientes el líder tico pudo salir airoso nuevamente.
Durante la extensa sesión en la que todos los grupos políticos tomaron la palabra, la líder del oficialismo, Pilar Cisneros, insistió en que el TSE no tiene la potestad de solicitar el retiro de la inmunidad del presidente y agregó que la “beligerancia política” no es un delito, sino un “ilícito” electoral.
“¿En algún momento el presidente Chaves ha mencionado algún candidato o algún partido por el cual votar? No, no lo ha hecho, y por lo tanto, no puede ser condenado por un delito que no existe”, dijo la diputada oficialista.
En contraste con el criterio de los diputados de gobierno, la oposición expuso cómo en diversas ocasiones el presidente Chaves ha manifestado en sus conferencias de prensa la necesidad de que el próximo gobierno cuente con 40 diputados que le sean afines para concretar su proyecto político.
Tras conocerse la votación, el TSE emitió un comunicado en el que asegura respetar el resultado de la decisión política en la Asamblea Legislativa y considera que el procedimiento seguido, así como el informe de la comisión investigadora, ratificaron la competencia de la autoridad electoral para hacer este tipo de solicitudes.
“El proceso sancionador por beligerancia queda temporalmente suspendido. Este iniciará cuando la inmunidad del señor Chaves Robles decaiga, una vez finalizado su mandato presidencial el 8 de mayo próximo”, dice el comunicado del TSE.
La sanción para los funcionarios públicos que incumplen con su deber de imparcialidad político-partidaria va desde la destitución de su cargo hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos a cuatro años.
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