BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández podrá subir dos horas por día a la terraza del edificio donde reside y cumple la condena a seis años de prisión por corrupción para gozar de un lugar de esparcimiento como el que tienen los presos comunes en el patio de una cárcel.
Un tribunal federal le dio permiso a la dirigente del peronismo opositor, que gobernó entre 2007 y 2015, a disfrutar de la terraza del edificio donde se encuentra su departamento “en horario diurno que para esta época del año lo será entre las 6:00 y las 20:00 horas" y "por un lapso máximo de dos horas”, en una resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.
El tribunal que se encarga de establecer las pautas de confinamiento que cumple la también exvicepresidenta (2019-2023) desde mediados de junio indicó que “tal como surge de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos... es un deber inexcusable el de garantizar a las personas privadas de la libertad el acceso a un espacio al aire libre que pueda servir para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
Hasta ahora, el único espacio descubierto al que tenía acceso Fernández, de 72 años, era el balcón de su vivienda en el segundo piso de un antiguo edificio situado en un barrio del sur de la capital. Desde allí suele saludar a sus simpatizantes que se congregan en la calle.
En la misma resolución el tribunal adoptó nuevos criterios sobre las visitas que puede recibir Fernández, que suelen ser familiares, abogados y militantes políticos.
El ingreso autorizado a su vivienda no podrá superar el máximo de tres personas por día y las visitas no podrán extenderse por más de dos horas, según la resolución.
“Asimismo solo podrán otorgarse autorizaciones hasta en dos oportunidades semanales salvo que circunstancias excepcionalísimas justifiquen un criterio distinto”, agregó.
Fernández fue hallada culpable a fines de 2022 de administración fraudulenta luego de que un tribunal comprobó irregularidades en 51 licitaciones para la construcción de obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.
Las obras fueron sistemáticamente adjudicadas a compañías del también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez.
Su condena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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En esta nota colaboró la periodista de AP Almudena Calatrava.
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