LA PAZ, Bolivia (AP) — La Paz amaneció el jueves aislada del resto de Bolivia por bloqueos carreteros protagonizados por sindicatos urbanos y rurales que rechazan los ajustes económicos del presidente centroderechista Rodrigo Paz, mientras el gobierno intentaba avanzar en la negociación con los manifestantes para destrabar el conflicto.
La administradora de carreteras reportó 30 puntos de bloqueo en varias rutas troncales entre La Paz y la región central y el oriente, donde está Santa Cruz, el motor agroindustrial. Las rutas de exportación hacia los puertos de Chile y Perú estaban cortadas por manifestantes.
Los empresarios han reportado pérdidas mientras cientos de vehículos permanecen varados en las rutas bloqueadas por afiliados a la central obrera, sindicatos indígenas, maestros públicos y juntas vecinales de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que exigen al gobierno derogar el decreto aprobado en vísperas de Navidad que, entre otras cosas, recorta gastos, congela salarios a funcionarios públicos y abre la economía a la inversión extranjera.
El ministro de la Presidencia José Luis Lupo dijo que el gobierno busca “reconducir” la economía tras 20 años de gobiernos izquierdistas que han llevado al país a “un descalabro”. Pero el Ejecutivo ha tropezado con la oposición de sindicatos aliados de la administración anterior de Luis Arce (2020-2025).
Es el primer choque de los sindicatos y el gobierno de Paz, que busca consolidar sus primeras reformas.
Lupo descartó la derogación del decreto, aunque dijo que el Ejecutivo está dispuesto a “perfeccionar” la norma. El viceministro de Coordinación Julio Linares explicó al respecto que unos 40 artículos de 120 serán ajustados a pedido de sindicatos y sectores económicos. “El principal reclamo es que lo que tiene que ver con la explotación de recursos naturales, que debe ser tratado por una ley expresa (no por decreto) como manda la Constitución”, explicó Linares.
El decreto también establece la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que no ha provocado un estallido social, pero sí fuertes protestas de la Central Obrera Boliviana esta semana.
La eliminación del subsidio duplicó el precio de la gasolina y el diésel encareciendo el costo de vida, pero el abastecimiento se ha normalizado y han desaparecido las kilométricas filas que por meses afectaron la producción agrícola y el transporte.
El decreto es además cuestionado por ser “entreguista” de los recursos naturales. La norma permite la “aprobación expedita” de “inversiones estratégicas” en minería, hidrocarburos y litio, lo que para los sindicatos viola la Constitución, que obliga a que esos contratos sean aprobados por la Asamblea Legislativa, en la que el gobierno de Paz no tiene una mayoría sólida.
También otorga “facultades excepcionales” al Banco Central para negociar préstamos y créditos sin fiscalización legislativa.
La central obrera rechaza además la posible privatización de empresas estatales deficitarias.
El ambiente se ha tensado más estos días por protestas de amas de casa que han salido a bloquear calles y avenidas con envases de gas licuado ante la escasez de ese producto básico, cuyo precio no se ha incrementado. El gobierno atribuye la escasez a un exceso de demanda y al contrabando a países vecinos.
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