GUANARE, Venezuela (AP) — La libertad llegó demasiado tarde para Edilson Torres.
El expolicía iba a ser enterrado el martes en su humilde pueblo rural tras su muerte en una prisión venezolana, donde estuvo incomunicado desde su detención en diciembre por lo que su familia dijo eran acusaciones con motivaciones políticas. Horas antes de la ceremonia, sus hijos, vecinos, policías, amigos y decenas de personas se reunieron para rendirle homenaje.
Torres, de 51 años, murió de un ataque al corazón el sábado, justo cuando su familia esperaba la prometida liberación de prisioneros por parte del gobierno tras la captura en Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro. Su muerte se produce mientras decenas de familias como la suya —que antes dudaban en acercarse a grupos de defensa— ahora se presentan para registrar a sus seres queridos como "prisioneros políticos".
Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, una organización no gubernamental que rastrea y aboga por los prisioneros venezolanos, declaró que el grupo ha recibido una “inundación de mensajes” desde la semana pasada de parte de familias.
Las familias antes no denunciaban “por temor. Y ahora lo están haciendo, evidentemente, porque de alguna forma sienten que esa posibilidad de libertad existe”, indicó Romero.
“Definitivamente lo ven como una esperanza. Pero más allá de eso, es una oportunidad”, añadió.
El jefe de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció la semana pasada que un “número significativo” de venezolanos y extranjeros encarcelados en el país serían liberados como un gesto para buscar la paz.
Estados Unidos y la oposición venezolana han exigido durante mucho tiempo la liberación de todos los opositores, activistas y periodistas detenidos, denunciando que el gobierno los usa como herramienta política.
El gobierno niega que haya prisioneros detenidos injustamente, acusándolos de conspirar para desestabilizar el gobierno de Maduro.
Tras la muerte de Torres, el fiscal general Tarek William Saab dijo en un comunicado que el caso había sido asignado a una unidad de terrorismo y estaba vinculado a actividades criminales detectadas por agencias de seguridad del Estado. No ofreció detalles, pero el lenguaje vago coincide con acusaciones pasadas dirigidas contra críticos reales o percibidos del gobierno.
Romero explicó que de las aproximadamente 300 familias que se acercaron, alrededor de 100 casos hasta ahora han sido confirmados como políticamente motivados. La mayoría de los reportados en los últimos días, dijo, trabajaron alguna vez para el ejército de Venezuela. Eso se suma a más de 800 personas que, según la organización, continúan detenidas por razones políticas.
Hasta la mañana del martes, Foro Penal había confirmado la liberación de 56 prisioneros. Aunque el gobierno informó una cifra más alta de 116, no los identificó, lo que hace imposible determinar si los liberados estaban tras las rejas por razones políticas u otras.
“¡Mi hermanito, mi hermanito!”, dijo Emelyn Torres entre sollozos después de que el ataúd, cubierto con la bandera de Venezuela, llegara a su casa para el velorio. A pocos metros, su abuela casi se desmayó mientras decenas de personas se agolpaban en la sala para rendirle homenaje.
Horas antes, mientras una minivan transportaba el cuerpo de su hermano 430 kilómetros (267 millas) desde la capital, Caracas, hasta Guanare, Torres se enteró de que otros hombres vinculados al grupo de WhatsApp que llevó al arresto de su hermano acababan de ser liberados de prisión. Ella lloró. Él no vivió lo suficiente para caminar libre.
Entre los que han sido liberados están: la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, quien se trasladó inmediatamente a España; Biagio Pilieri, un líder opositor que formaba parte de la campaña presidencial de 2024 de la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado; y Enrique Márquez, exautoridad electoral y candidato presidencial.
El empresario italiano Marco Burlò, quien fue liberado de prisión el lunes, dijo a los periodistas fuera de un aeropuerto internacional en Roma el martes que estuvo aislado durante toda su detención, la cual caracterizó como un secuestro.
Marco indicó que no puede decir que fue abusado físicamente, pero estuvo sin poder hablar con sus hijos, sin derecho a defensa, sin poder hablar con el abogado y que estaba completamente aislado.
La pequeña cantidad de liberaciones de los últimos días alimenta las críticas de familias, observadores de derechos humanos en las Naciones Unidas y políticos estadounidenses de que el gobierno no cumple con su palabra de una liberación más amplia.
Pero los rápidos cambios políticos en la nación latinoamericana y la distante posibilidad de liberación marcaron simultáneamente un raro momento de esperanza para muchas familias que han pasado años preguntándose si sus seres queridos alguna vez serían liberados.
Parte de la razón por la que Romero dijo que creía que tantas personas no se habían presentado es la represión del gobierno contra la disidencia desde las tumultuosas elecciones de 2024 que Maduro afirmó haber ganado a pesar de la amplia evidencia de lo contrario.
A medida que estallaron protestas masivas en las calles, las autoridades dijeron que detuvieron a más de 2.000 personas. En el mes posterior a las elecciones de julio, el gobierno de Venezuela aprobó una ley que facilita al gobierno criminalizar a los grupos de derechos humanos.
Eso tuvo un efecto escalofriante, dijo Romero, haciendo que las familias dudaran en presentarse, hasta ahora.
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Janetsky reportó desde Ciudad de México.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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