BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Javier Milei creó la “oficina de respuesta oficial” para desmentir supuestas informaciones falsas difundidas por medios de comunicación y opositores, una medida que según organizaciones de periodistas apunta a limitar la libertad de expresión.
Desde la cuenta oficial de X de la nueva Oficina de Respuesta Oficial de la República, el gobierno explicó el jueves que “fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo 'informar' no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.
No es la primera vez que en Argentina, un país que ha sufrido la feroz censura de sucesivas dictaduras a largo del siglo XX, un gobierno democrático pretende controlar el discurso público. El caso más reciente fue Nodio, un observatorio creado para prevenir informaciones y contenidos maliciosos y falsos en medios de comunicación durante la gestión del presidente de centro-izquierda Alberto Fernández (2019-2023).
“Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, expresó Milei en X para celebrar la creación de la nueva dependencia, que tiene similitudes con la cuenta Rapid Response 47 (Respuesta Rápida 47)creada por su aliado el presidente Donald Trump para responder a supuestas “fake news” en su contra. El logo de la versión argentina tiene un color similar al de la estadounidense.
“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, explicó la Oficina de Respuesta Oficial en su primer posteo en X.
Añadió que “estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”.
Sin embargo, las críticas a la iniciativa se multiplicaron en cuestión de unas pocas horas.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) lamentó que “se está utilizando una estructura oficial —y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos— para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.
En tanto que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) consideró que “combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”.
Dirigentes políticos de la oposición, incluso afines al oficialismo, también desaprobaron el anuncio oficial.
“Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”, dijo Laura Alonso, portavoz de la alcaldía de Buenos Aires que está gobernada por el partido de centro-derecha PRO, aliado del gobierno en el Congreso.
“Jamás usar el aparato estatal para imponer la "verdad oficial’”. Esperemos que esta “oficina” se agote en un olvidable mensaje de X”, concluyó la funcionaria.
Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.