FORT LAUDERDALE, Fla. – El abogado de derechos civiles Benjamin Crump realizó una conferencia de prensa el miércoles en la Oficina Legal del Defensor Público de Broward en Fort Lauderdale para anunciar un caso civil federal después de que un tiroteo policial paralizó a un hombre en Hollywood.
Martin Ortiz dijo que llamó al 911 el 3 de julio de 2021 para pedir ayuda durante una emergencia de salud mental y el personal del Cuerpo de Bomberos de Hollywood y los oficiales del Departamento de Policía de Hollywood respondieron a su apartamento.Al oír los golpes, Ortiz abrió la puerta, habló de forma incoherente y actuó de forma errática delante de los empleados municipales, según la demanda. El personal de rescate de los bomberos lo puso en el suelo antes de que los agentes lograran controlarlo.
“Me destrozaron la vida y no sólo la mía, también la de mi madre. Mi madre está cuidando a su hijo de más de 40 años y a mí me trata como si tuviera 6 meses”, declaró Ortiz, de 43 años.
El vídeo de vigilancia muestra a los agentes sujetando a Ortiz y colocándolo en el suelo, según Crump. El abogado Hunter Shkolnik, coasesor de Crump, dijo que un agente disparó entonces a Ortiz por la espalda mientras estaba esposado, desnudo y desarmado.
“No se dispara a un hombre que está desnudo en el suelo”, dijo Shkolnik.
Los abogados presentaron el martes la demanda civil de 23 páginas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida contra la ciudad de Hollywood, el Departamento de Policía de Hollywood, el Departamento de Bomberos y Seguridad en la Playa de Hollywood y tres agentes de policía: Henry Andrews, Jhonny Jimenez y Diante Roots.
Roots utilizó su Taser para disparar a Ortiz y mientras estaba dolorido los agentes de policía y los paramédicos lo arrastraron hasta el ascensor antes de que Andrews sacara su pistola, la colocara en la espalda de Ortiz y le disparara, según la demanda.
“No se hace esto a los ciudadanos, y si se hace, se va a pagar por ello”, dijo Shkolnik.
Jiménez intentó ayudar a Ortiz y comprobar sus constantes vitales, según la demanda. A principios de este año, la ciudad alegó Andrews (que permanece en servicio administrativo) tenía la intención de agarrar su Taser y no su arma.
Crump y Shkolnik dijeron que Andrews estaba entrenado y debería haber sabido que era su arma.
“Hay que exigir más a los agentes”, dijo la abogada Sue-Ann Robinson, coasesora de Crump.
Shkolnik dijo que Ortiz debe al hospital local unos 3 millones de dólares.
“Su familia merece darle la mejor calidad de salud que nadie podría pedir sabiendo que estos fueron los funcionarios del gobierno que le causaron estas trágicas lesiones”, dijo Crump, que recientemente aceptó el Premio al Impacto de la Justicia Social de la NAACP.
En septiembre, la fiscalía acusó a Andrews de un delito menor de negligencia culpable. Robinson dijo que el caso de delito menor en el condado de Broward sigue pendiente, por lo que el juez, en ese caso, tiene que aprobar la divulgación pública del vídeo de vigilancia.
“El oficial sólo está recibiendo un tirón de orejas”, dijo Crump. “Y lo comparas con lo que Michael Ortiz está teniendo que vivir y dices: ‘¿Cómo es eso justo?”.
Un portavoz de la ciudad emitió un comunicado diciendo que no harán comentarios sobre litigios pendientes.