MIAMI, Fla. — El tan esperado juicio federal centrado en los polémicos mapas de votación de Miami comenzó el lunes con una serie de testigos de los demandantes declarando sobre por qué tienen capacidad para presentar la demanda contra la ciudad.
En 2022, la rama de Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles, en representación de varios individuos y grupos, incluyendo Engage Miami y la NAACP, presentó la demanda contra la ciudad de Miami en la Corte de Distrito de Estados Unidos alegando que “el objetivo primordial de la Comisión en la elaboración de su mapa era separar a los grupos raciales en diferentes distritos tanto como sea posible, mucho más allá de lo que exige la Ley de Derecho al Voto”.
En su demanda, los demandantes argumentan que los distritos de la comisión de la ciudad son inconstitucionales. “Este gerrymandering (redistribución de distritos) racial”, ACLU de Florida declaró en un comunicado de prensa en ese momento, “no avanza la representación y no puede justificarse por el cumplimiento de la Ley de Derechos Electorales u otro interés apremiante.”
“En sentencias anteriores en las que se denegaban las peticiones de desestimación y de sentencia a favor de la ciudad, el magistrado y el juez de la corte de distrito consideraron que los demandantes estaban legitimados y habían demostrado suficientemente que el caso podía seguir adelante”, declaró el analista jurídico David Weinstein.
Los abogados de la ciudad han negado sus alegaciones.
El inicio del juicio federal del lunes se produjo pocos días después de que los comisionados de la ciudad decidieran por unanimidad ordenar a la abogada saliente de la ciudad, Victoria Méndez, “agotar todas las opciones y oportunidades de acuerdo en relación con las demandas de redistribución de distritos”.
Durante la reunion del jueves, el Comisionado del Distrito 2 Damian Pardo, quien patrocino la resolucion, dijo que quiere que la ciudad haga “todo lo posible para que no continuemos con los procedimientos y sigamos acumulando costos legales que serian significativos en un juicio.”
Más tarde en esa reunión, Méndez leyó en el registro una solicitud de una “reunión de sombra”, una sesión de abogado-cliente a las 10 a.m. el 8 de febrero, relacionada con el litigio pendiente de redistribución de distritos.
“El tema de la reunión se limitará a las negociaciones de acuerdos o discusiones de estrategia”, dijo.
La sesión contará con la presencia de los comisionados, el administrador de la ciudad, los miembros de la oficina del abogado de la ciudad y los abogados externos Christopher Johnson y George Levesque de Gray-Robinson.
Un taquígrafo de corte estará presente en la reunión de febrero, dijo Méndez, y la transcripción “se hará pública una vez concluido el litigio.”
Johnson y Levesque representaban a la ciudad de Miami durante los procedimientos del lunes en la corte federal.
El lunes, el juez K. Michael Moore escuchó a un estadístico galardonado y educado en Harvard que testificó como experto en redistribución de distritos, así como a varios demandantes del caso, entre ellos el residente de Miami Jared Johnson, quien dijo que se unió a la demanda para luchar por unas elecciones justas y equitativas.
También testificó el reverendo Nathaniel Robinson III, que habló en nombre de Grove Rights and Community Equity, Inc, también conocida como GRACE, cuya junta presidió en su día.
Robinson, pastor de la Iglesia Metodista Africana Greater St. Paul, en el barrio de Coconut Grove de Miami, dijo a la corte que esperaba que la demanda lograra la “equidad”, que definió como una representación igual para toda la ciudad.
El reverendo dijo que el mapa electoral inicial de Miami le preocupó cuando vio la intención de dividir uno de los barrios más antiguos de Miami, Coconut Grove, en tres distritos de comisión diferentes.
Declaró que eso dificultaría que el grupo “tuviera un impacto”.
Dijo que GRACE está formado por iglesias, grupos cívicos, propietarios de viviendas e inquilinos con profundas raíces en la comunidad.
West Grove fue fundada en la década de 1880 por residentes de Bahamas.
Se espera que el juicio federal dure algo más de una semana.
“Así que ahora el caso sigue adelante y los demandantes tienen que presentar sus pruebas al juez para que éste tome una decisión formal y definitiva sobre si han cumplido con su carga de la prueba”, dijo Weinstein. “Basándose en las últimas actuaciones de la comisión municipal, emprenderán un esfuerzo paralelo para resolver esto y presentar un plan de redistribución de distritos constitucionalmente válido”.
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