CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Los fiscales de Miami-Dade dijeron en un memorándum de cierre del 29 de mayo obtenido por Local 10 News el miércoles que no había “pruebas suficientes” para determinar si un tiroteo policial del 29 de noviembre de 2023 en la zona rural de Redland del condado estaba justificado.
Dos detectives de la Unidad de Vertederos Ilegales de lo que entonces era el Departamento de Policía de Miami-Dade, Mario Fernández y Jorge Sánchez, dispararon y mataron a Osvaldo Cueli, de 59 años, en su propiedad en la cuadra 18000 de la calle 192 del suroeste, dijeron los fiscales.
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Según el memorando, los detectives fueron a la propiedad después de que dos personas dijeron que estaban tratando de localizar un camión volquete robado y “fueron ahuyentados por alguien que conducía un Toyota Camry negro”.
El memorándum indica que los dos detectives vestidos de civil llegaron a la propiedad y se detuvieron frente a una puerta y se encontraron con un Cueli armado, con quien intercambiaron disparos.
Cueli disparó al menos tres veces, determinaron los fiscales, alcanzando el vehículo de Fernández y ambos detectives dispararon contra Cueli, hiriéndolo al menos una vez.
Un informe toxicológico determinó que Cueli tenía cocaína y metabolitos de cocaína en su sistema en el momento del tiroteo, dijeron los fiscales.
Por consejo de sus abogados, ninguno de los detectives hizo una declaración jurada, según el memorando.
Los fiscales dijeron que Fernández le dijo a otro detective poco después del tiroteo: “Sí, yo también disparé a través de mi parabrisas”, diciendo que le disparó a Cueli después de que Cueli le disparó.
Los fiscales concluyeron que “debido a que no se puede determinar la secuencia exacta de los eventos, debido al hecho de que no hay un testigo ocular que pueda establecer la secuencia exacta de los eventos, no hay un video de los eventos, y tanto el detective Fernández como el detective Sánchez se negaron a dar una declaración, no hay evidencia suficiente para concluir que el tiroteo estaba justificado o para probar un caso penal contra el detective Fernández o el detective Sánchez más allá de toda duda razonable.”
Los familiares de Cueli presentaron una demanda por homicidio culposo contra el condado, en la que afirman que los oficiales “aparecieron de repente, y sin previo aviso ni ningún (sic) anuncio de identificación, abrieron fuego con sus pistolas (sic) matando injustamente” a Cueli, alegando que la “verdadera razón” por la que los oficiales abrieron fuego era “desconocida”.
También afirmó que la “narrativa” que el MDPD publicó después del tiroteo era “falsa”.
El caso seguía pendiente en la corte de Miami-Dade hasta el miércoles, junto con tres casos de arresto injusto.
Un solo juez supervisa los cuatro casos consolidados, que fueron suspendidos en una orden fechada el 30 de mayo a la espera de la resolución de las investigaciones penales y administrativas, dijo el analista legal David Weinstein a Local 10 News en un correo electrónico.
Las partes están obligadas a presentar un informe sobre el estado del caso “tan pronto como sea posible después de enterarse de la conclusión de las investigaciones”, lo que conducirá a una audiencia, dijo Weinstein, quien no está involucrado en el caso.
“Los casos de arresto injusto se ven menos afectados por los resultados del memorándum de cierre, ya que se basan únicamente en los hechos del presunto arresto y detención injustos de cada individuo y no en la conclusión contenida en el memorándum de cierre”, dijo. “Esas conclusiones tendrán un mayor impacto en el caso de muerte por negligencia”.
Continuó: “En ese caso, el estándar de la prueba no estará más allá de una duda razonable, sino más bien por una preponderancia de la evidencia”.
Weinstein dijo que hay un tope legal de daños de $300,000, que puede ser exonerado por ley.