MIAMI. — Una investigación sobre el accidente fatal entre un velero y una lancha en la Bahía de Biscayne, ocurrido durante el verano, podría ahora derivar en cargos penales.
El accidente, que involucró una embarcación del campamento juvenil de vela del Miami Yacht Club y una lancha, ocurrió la mañana del 28 de julio en aguas cercanas a la isla Hibiscus, en Miami Beach.
Según las autoridades, un consejero y cinco menores se encontraban a bordo del velero del campamento cuando fueron lanzados al agua tras ser impactados por la lancha poco antes de las 11:30 a. m.
Tres niñas —Mila Yankelevich (7 años), Arielle Buchman (10) y Erin Ko Han (13)— murieron en el accidente. Otra niña de 7 años, identificada como Calena Areyan Gruber, resultó herida pero sobrevivió y fue dada de alta posteriormente del hospital.
La consejera, una joven de 19 años, y otra niña de 12 años fueron rescatadas y llevadas a salvo a la orilla.
El jueves, el Distrito Sur de la Guardia Costera de EE. UU. anunció que el caso fue remitido al Departamento de Justicia para considerar posibles cargos criminales contra la empresa de remolque, que operaba una embarcación de remolque no inspeccionada, llamada Wood Chuck, en el momento del accidente.
“Tras realizar una investigación exhaustiva del siniestro marítimo, hemos remitido este caso al Departamento de Justicia para una investigación penal, con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas y ayudar a prevenir casos similares en el futuro”, declaró el capitán Frank J. Florio, comandante del Sector Miami de la Guardia Costera, en un comunicado. “A medida que el proceso entra en esta nueva fase, nuestros pensamientos y oraciones están con quienes se vieron afectados por este trágico incidente.”
Según el comunicado, “La Guardia Costera está remitiendo el caso conforme al artículo 18 USC 1115, homicidio marítimo, contra las partes involucradas en la empresa de remolque.”
A comienzos de este año, se presentó una demanda en nombre de una de las víctimas sobrevivientes, en la que se afirmaba que la barcaza y el remolcador estaban registrados a nombre de la empresa Waterfront Construction, propiedad del empresario Jorge Rivas.
El Miami Yacht Club y su Fundación Juvenil de Vela también fueron mencionados en la demanda.
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