MIAMI BEACH, Fla. — Una fotografía de un sueño hecho realidad ahora se siente destruida para María.
“Ya sabes, no más Navidades juntas, no más cumpleaños juntas”, dijo. “Ha sido muy, muy triste”.
María pidió que solo se usara su segundo nombre para proteger su identidad, a pesar de que está legalmente en Estados Unidos.
Ella es una de las decenas de miles de inmigrantes que ingresaron al país bajo el programa de Permiso de Reunificación Familiar, una iniciativa federal diseñada para brindar una vía legal a familias separadas por fronteras.
“Uno piensa que porque hizo las cosas de la manera correcta, no le iba a afectar”, dijo María.
El programa, ampliado durante la administración Biden, se aplicaba a personas de países como Cuba, Haití, Honduras y otras naciones latinoamericanas.
Permitía que inmigrantes aprobados ingresaran legalmente a Estados Unidos mientras tramitaban la residencia permanente o la ciudadanía.
Cada participante debía ser patrocinado por un familiar ciudadano estadounidense o residente permanente legal y pasar verificaciones federales de antecedentes. María fue patrocinada por sus padres, ciudadanos estadounidenses, y llegó a EE. UU. en 2023.
Pero pocos días antes de Navidad, la administración Trump anunció que pondría fin al programa de Permiso de Reunificación Familiar, argumentando que había sido abusado y que permitía que inmigrantes insuficientemente evaluados evadieran los procedimientos tradicionales de permiso humanitario.
Como resultado, a miles de inmigrantes que ingresaron legalmente al país bajo el programa se les ha informado que deben abandonar EE. UU. antes del 14 de enero.
“¿Tiene María antecedentes penales? No. ¿Es María una amenaza a la seguridad nacional? No. ¿Está María sin ser investigada? No”, dijo la abogada de inmigración Saman Movassaghi Gonzalez.
Gonzalez dijo que las acciones de la administración contradicen el enfoque declarado de la aplicación de las leyes migratorias.
“Este no es el grupo en el que la agenda se enfocó durante todo este llamado a deportaciones masivas”, dijo.
Los críticos argumentan que la medida es severa y orientada a cumplir metas de deportación, más que a abordar preocupaciones reales de seguridad pública.
María dijo que siguió cada regla y confió en el sistema.
“Hice las cosas de la manera correcta”, dijo.
Ahora, ella y miles de otros están esperando, sin saber si el sueño que les prometieron será arrebatado para siempre.
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