PEMBROKE PARK, Fla. — Durante casi dos años, la cooperativa Middle Class United Cooperative (MCUC), con sede en Maryland, fue promocionada como un “fondo de cobertura de clase media” que prometía empoderamiento económico a través de inversiones inmobiliarias.
Hoy, la organización se encuentra en las etapas finales de una disolución ordenada por el estado, dejando a miles de miembros a la espera de la devolución de un estimado de $3,300,000 USD en capital.
Entre los integrantes de la directiva de la cooperativa figura Geoffrey Jacobs, alcalde de Pembroke Park, quien aparece identificado como secretario de la junta en el sitio web oficial y en los registros de la organización.
Cuando surgieron por primera vez cuestionamientos sobre la legalidad de la cooperativa en junio de 2025, Jacobs respondió a las preocupaciones a través de su abogado, Michael Pizzi.
En un correo electrónico enviado a Local 10 News, Jacobs confirmó su papel como secretario, pero afirmó que nunca recibió compensación financiera ni participación en ganancias por su servicio.
También aseguró que realizó la debida diligencia antes de integrarse y que en ese momento creía que las cuotas de membresía de $500 USD no constituían valores, sino simples votos de participación en una cooperativa.
Jacobs también afirmó que cualquier problema relacionado con el estatus de la organización ante el estado de Maryland estaba siendo resuelto activamente por un contador profesional.
A pesar de esas garantías, la situación regulatoria se intensificó significativamente.
Según un aviso emitido a los miembros el 24 de octubre de 2025, la División de Valores de Maryland concluyó que las cuotas de membresía de $500 USD de MCUC en realidad constituían productos de inversión que requerían registro bajo las leyes estatales de valores.
Esta determinación significó que los miembros quedaron sin las protecciones legales estándar asociadas con inversiones registradas.
Aunque la cooperativa indicó en el aviso que “respetuosamente discrepaba” con la interpretación del estado, finalmente aceptó una liquidación supervisada y la devolución prorrateada de los fondos.
Local 10 News confirmó a través de entrevistas con múltiples inversionistas que, a pesar de esas promesas formales, aún no han recibido sus reembolsos.
Ni Jacobs ni su abogado han respondido a solicitudes recientes para actualizar el estado de esos fondos faltantes.
La conducta profesional de Jacobs ha sido objeto de escrutinio en otras jurisdicciones, según registros del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y reportajes del Phoenix New Times.
Jacobs fue despedido del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) en 2009.
Registros federales (Caso No. 11-16078) muestran que Jacobs impugnó sin éxito su despido en procedimientos administrativos en Arizona.
Durante esos procedimientos, documentos judiciales indican que admitió la conducta indebida que llevó a su destitución.
El Phoenix New Times informó que la investigación interna comenzó tras una relación personal conflictiva entre Jacobs y la hija del entonces director del DPS, Robert Halliday.
Aunque la pesquisa examinó acusaciones graves sobre la grabación y distribución no autorizada de imágenes explícitas, ninguna de esas acusaciones específicas resultó en cargos penales.
Sin embargo, el reportaje confirmó que la investigación descubrió evidencia de otras conductas indebidas, incluyendo al menos un caso de deshonestidad relacionado con el uso de un obituario fraudulento para manipular la transferencia de boletos de avión.
Una posterior demanda federal por derechos civiles presentada por Jacobs contra el DPS fue desestimada, decisión que luego fue ratificada por el Noveno Circuito.
Las preguntas sobre los vínculos financieros del alcalde coinciden con una creciente batalla legal por su cargo en Pembroke Park. Funcionarios locales han intentado destituir a Jacobs, alegando que violó la Carta Municipal al no mantener una residencia permanente dentro de los límites del pueblo.
Una investigación de Local 10 News reveló que Jacobs y su esposa reclamaron una Exención Total y Permanente por Discapacidad Relacionada con el Servicio de $535,000 USD en una vivienda en Fort Pierce, ubicada a más de 100 millas al norte de Pembroke Park.
Bajo el Estatuto de Florida § 196.081, esta exención está reservada legalmente para la residencia principal y permanente del propietario. Esa exención fue posteriormente eliminada de la propiedad.
La Oficina del Tasador de Propiedades del condado St. Lucie se negó a especificar si la eliminación fue resultado de su investigación en curso por presunto fraude de exención residencial o si Jacobs solicitó personalmente su retiro.
Registros públicos indican que la exención había ahorrado previamente a Jacobs y a su esposa aproximadamente $10,000 USD anuales en impuestos a la propiedad.
Además de la exención fiscal, los registros muestran que el alcalde y su esposa firmaron documentos de préstamo para la vivienda en Fort Pierce en diciembre de 2024 que les exigían ocupar la propiedad como residencia principal dentro de 60 días.
Jacobs no ha ofrecido una explicación pública sobre por qué ese beneficio fiscal de residencia principal y el requisito hipotecario estaban vinculados a una propiedad tan alejada del municipio al que sirve.
Los registros ahora muestran que el valor imponible de la vivienda pasó de cero a $509,000 USD.
El 10 de febrero de 2026, un juez del Tribunal de Circuito del condado Broward emitió una orden judicial de emergencia para bloquear una reunión especial de la comisión municipal destinada a destituir a Jacobs.
La orden impide que la comisión declare vacante el cargo de alcalde hasta que se celebre una audiencia judicial formal.
Se espera que esa audiencia tenga lugar próximamente.
El 3 de febrero de 2026, Local 10 News envió un correo electrónico a Jacobs y a Pizzi solicitando comentarios y ofreciendo la oportunidad de refutar cualquier parte de este reportaje antes de su publicación. No hemos recibido respuesta a esa solicitud.
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