BOGOTÁ (AP) — Colombia enfrenta el riesgo de retroceder a la grave situación de derechos humanos que tenía hace una década, antes de la histórica firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, advirtió el jueves la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Si no hay un fortalecimiento de la implementación del acuerdo de paz, hay un riesgo de que estas situaciones se deterioren con más desplazamiento, más confinamiento, más atrocidades masivas y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales”, dijo en entrevista con The Associated Press Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado.
La advertencia deriva del monitoreo que realizó la oficina de la ONU en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2025.
Colombia buscó frenar la violencia al lograr en 2016 que las FARC, en ese entonces la guerrilla más antigua de Latinoamérica, entregara las armas luego de cinco décadas de conflicto. El acuerdo de paz ha sido celebrado por la comunidad internacional como un logro y un ejemplo para otras zonas del mundo en conflicto.
Pero una década después la violencia no ha cesado y es alimentada por grupos ilegales —incluyendo disidencias FARC— que tomaron los territorios que antes dominaba la guerrilla y se disputan las lucrativas economías ilegales.
Población civil afectada por la violencia
El informe indicó que el desplazamiento forzado masivo se incrementó en un 85% en 2025 con respecto al año anterior, especialmente por la crisis de violencia registrada en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Mientras el confinamiento, un método muy utilizado por los armados para controlar a la población, aumentó un 12%.
Campbell se mostró preocupado por el aumento en los asesinatos de defensores de derechos humanos, lo que calificó como una “tragedia nacional” que continúa ubicando al país como uno de los más peligrosos para ese oficio. Verificaron 99 asesinatos, 10 casos más que en 2024.
“Hemos visto una apertura más que nunca de este gobierno para reconocer el problema y crear políticas... pero falta la implementación. Es por eso que no hemos visto cambios significativos en la realidad cotidiana de personas defensoras”, explicó Campbell.
También continúa la preocupación por el reclutamiento forzado de menores de edad. En 2025 la ONU recibió reportes de 150 casos, de los cuales una tercera parte eran indígenas. Sin embargo, existe un subregistro en las cifras, a menudo por el temor de las familias a represalias.
Tras casi un año de advertirlo, Campbell dijo que continúan recibiendo alegaciones, especialmente de comunidades indígenas, sobre el uso de redes sociales como TikTok y Facebook por parte de grupos armados para atraer a los menores a sus filas, a menudo con trampas y promesas falsas.
Agregó que se necesitan medidas para prevenir estos métodos de captación “que pueden ser aumentando la supervisión humana o técnicas... pueden ir más allá y unir fuerzas con grupos locales para desarrollar campañas de reclutamiento infantil”.
Violencia en época electoral
Campbell aseguró que notaron que la violencia se agravó por la proximidad de las elecciones. En 2025 documentaron 18 homicidios contra líderes políticos, incluyendo el del precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado en un acto de campaña en Bogotá.
El 8 de marzo los colombianos elegirán un nuevo Congreso y el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial.
Campbell dijo que, aunque no existen soluciones sencillas para la situación de derechos humanos que atraviesa Colombia, el gobierno de Gustavo Petro debe tomar “acciones urgentes” en los seis meses que le quedan y que el próximo mandatario tiene que continuar con ese esfuerzo.
Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país, ha impulsado una política de “paz total” con la que abrió negociaciones con múltiples grupos armados para frenar la violencia, pero ninguna ha derivado en su desarme.
Campbell aseguró que hay avances, por ejemplo en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, donde han registrado disminución en los desplazamientos, confinamientos y ataques a líderes sociales. Sin embargo, acotó que en la mayoría de los casos donde hay negociaciones activas no se ha documentado un mejoramiento de la situación de derechos humanos.
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