BUENOS AIRES (AP) — A pocos días de que el Congreso argentino aprobara la primera reforma profunda del mercado laboral en medio siglo por impulso del presidente ultraliberal Javier Milei, la principal central sindical del país presentó este lunes una demanda judicial por la presunta inconstitucionalidad de la norma.
“Esta ley significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales que violan expresamente principios constitucionales”, expresó la Confederación General del Trabajo (CGT) en un comunicado luego que sus abogados presentaran la denuncia en los tribunales de Buenos Aires.
Varias columnas de gremios que integran la CGT se movilizaron hasta el Palacio de Tribunales para acompañar la presentación judicial.
Con votos del oficialismo y fuerzas aliadas, el Senado convirtió en ley el pasado viernes el proyecto de Modernización Laboral, que entre sus puntos principales redefine la base de cálculo de las indemnizaciones, tradicionalmente elevadas; limita el poder de los sindicatos para las negociaciones salariales, protestas y huelgas y habilita jornadas laborales de hasta 12 horas desde las ocho actuales.
Largamente reclamada por cámaras empresarias y el Fondo Monetario Internacional (FMI), histórico prestamista del país sudamericano, Milei consideraba crucial avanzar con la reforma de la legislación laboral argentina, de más de medio siglo de antigüedad, para sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleo formal en un país donde aproximadamente dos de cada cinco trabajadores están en la informalidad.
Los gremios, que hasta aquí habían frustrado los intentos previos de sucesivos gobiernos por reformar el código laboral argentino, argumentan que la reforma es inconstitucional porque avanza sobre derechos consagrados.
En su presentación judicial, sostienen que la norma viola “el principio de progresividad”, por el cual los derechos laborales adquiridos no pueden retroceder, y el “principio protectorio”, basado en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que apunta a restituir la equivalencia y evitar abusos.
“Todos estos perjuicios no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico-social que lleva adelante el gobierno nacional”, expresó la CGT, que alertó se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo desde que el presidente que se ha propuesto un ajuste y reformas profundas de la economía asumió a fines de 2023.
La justicia ahora debe decidir si desestima o hace lugar a la presentación de la CGT, lo cual podría derivar en una suspensión de la reforma hasta tanto los jueces se pronuncien sobre la cuestión de fondo.
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