Asamblea Nacional trabaja en ley que busca impulsar inversión en el sector minero de Venezuela

EEUU-VENEZUELA-ORO La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) (Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved) (Ariana Cubillos/AP)

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó el lunes en una primera discusión un proyecto de Ley que apunta a abrir el sector minero a la inversión de empresas privadas locales e internacionales.

La nueva ley de Minas, que prevé derogar otras dos normas de 1999 y 2015— establece amplias garantías jurídicas, incluida “la posibilidad de acudir a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias”, aseguró el diputado Orlando Camacho al presentar la iniciativa.

La ley deja en claro que los yacimientos mineros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano, señaló Camacho.

El debate del proyecto de ley se produce cuatro días después de la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, con el propósito de ampliar los acuerdos en materia de energía y minería de ambas naciones.

Al final de la visita, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los legisladores “actuar con celeridad” para aprobar la ley. Burgum estuvo acompañado por representantes de más de dos docenas de empresas mineras y de minerales de Estados Unidos. Varias de ellas operaron previamente en Venezuela.

El proyecto de ley debe ser aprobado en una segunda discusión y sancionado por la presidenta encargada antes de su publicación oficial.

En febrero, el gobierno del presidente Donald Trump anunció su intención de crear un bloque comercial de minerales estratégicos con sus aliados y socios para defenderse del control de China en la cadena de suministro de estos minerales y tierras raras, esenciales para la industria electrónica, la fabricación de motores eléctricos, aviones militares, entre otros.

El 6 de marzo, un día después de la visita de Burgum, Estados Unidos emitió una licencia que autoriza realizar transacciones con Minerven, la compañía estatal de extracción de oro, una señal clara de la intención de Trump de ejercer un mayor control sobre los recursos naturales de Venezuela. Según la licencia, las personas y empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba no están autorizadas a celebrar contratos con Minerven.

Además del petróleo, Venezuela es rica en oro, cobre, diamantes, coltán y otros metales preciosos, pero su explotación se concentra en zonas inseguras.

Al respecto, Burgum manifestó que el gobierno de Venezuela dio garantías de seguridad a las compañías mineras interesadas en invertir en el país donde las zonas ricas en minerales han estado controladas por guerrilleros colombianos, pandillas locales y otros grupos ilegales durante mucho tiempo.

La propuesta busca replicar el modelo de la reciente aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

En respuesta, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos que en su momento paralizaron la industria y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Los gobiernos de Washington y Caracas acordaron también la semana pasada restablecer relaciones diplomáticas, rotas en 2019. Esa y otras medidas han sido adoptadas después que las fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un audaz operativo en la madrugada del 3 de enero pasado. Rodríguez, el 5 de enero. fue juramentada presidenta en funciones. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.

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