SAN JOSÉ, Costa Rica (AP) — Drones operados por fuerzas de seguridad haitianas y contratistas privados han matado al menos a 1.243 personas y herido a otras 738, informó Human Rights Watch el martes.
De los fallecidos, 17 eran niños y 43 eran adultos que no se cree que fueran miembros de ningún grupo criminal. De los heridos, al menos 49 se consideraba que eran civiles, según la organización de derechos humanos. Las muertes ocurrieron entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026.
La operación con drones más letal mató a 57 personas, señaló.
Las autoridades haitianas “deberían frenar urgentemente a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados que trabajan para ellas antes de que mueran más niños”, afirmó en un comunicado Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch.
Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no respondió a una solicitud de comentarios.
La organización sin fines de lucro indicó que el número de ataques armados con drones en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que está controlada en un 90% por pandillas, ha “aumentado significativamente” en los últimos meses, con 57 reportados entre noviembre y finales de enero, casi el doble de los 29 ataques reportados de agosto a octubre del año pasado.
Human Rights Watch señaló que sus investigadores analizaron siete videos subidos a redes sociales o compartidos directamente con el grupo que muestran drones cuadricópteros armados en acción y geolocalizaron cuatro de ellos en Puerto Príncipe.
“Los videos muestran el uso repetido de drones equipados con explosivos para atacar vehículos y personas, algunas de ellas armadas, pero ninguna que parezca estar participando en actos violentos o representar una amenaza inminente para la vida”, afirmó el grupo.
Human Rights Watch indicó que no encontró un uso generalizado de drones entre los grupos criminales.
Uno de los ataques destacados en el informe ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en el vecindario Simon Pele, una comunidad extremadamente empobrecida controlada por una pandilla del mismo nombre.
El ataque con drones mató a nueve personas, incluidos tres niños, e hirió al menos a otras ocho cuando el líder de la pandilla Simon Pele se preparaba para distribuir regalos a los niños de la zona.
Human Rights Watch citó a un residente no identificado que recordó cómo la explosión le arrancó los dos pies a un bebé.
Entre los fallecidos había una niña de 6 años, cuya madre, no identificada, fue citada en el reporte. "En los espacios donde están las pandillas, hay gente inocente, gente que cría a sus hijos, que sigue caminos normales”, dijo la mujer.
Las familias de los fallecidos dijeron que el grupo criminal organizó y controló el acceso a sus funerales, según Human Rights Watch.
“Algunos residentes dijeron que sólo se permitió asistir al funeral a las personas que aceptaron dinero o apoyo del grupo criminal”, señaló la organización de derechos humanos en su informe.
Una mujer no identificada fue citada diciendo que vio caer un dron y explotar sobre un camión que transportaba a su prima, matándola, el 1 de enero de este año.
“Muchos de estos ataques parecen ser intentos de localizar y matar a personas en circunstancias que equivalen a ejecuciones ilegales y extrajudiciales”, afirmó Human Rights Watch.
“Las autoridades también deberían garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por cualquier muerte ilegal resultante de una operación de seguridad, y realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes para revelar, en la mayor medida posible, el número y la identidad de las víctimas, y proporcionar una reparación adecuada cuando se hayan producido infracciones”, añadió la organización.
Volker Turk, el jefe de derechos humanos de la ONU, ha dicho que el uso de fuerza letal contra las pandillas en Haití era innecesario, desproporcionado y probablemente una violación del derecho internacional.
El año pasado, el gobierno de Haití creó un nuevo grupo de trabajo que ha operado fuera de la supervisión de la Policía Nacional de Haití y ha empleado el uso de drones explosivos. El grupo de trabajo está integrado por ciertas unidades policiales y contratistas privados.
A mediados de 2025, Vectus Global, la empresa de seguridad del ex SEAL de la Marina estadounidense Erik Prince, esperaba desplegar a casi 200 efectivos de varios países en Haití como parte de un acuerdo de un año para sofocar la violencia de las pandillas allí.
La policía haitiana también trabaja junto a una misión respaldada por la ONU y liderada por la policía de Kenia, que sigue estando insuficientemente financiada y con falta de personal. Se espera pronto que se transforme en una llamada fuerza de supresión de pandillas en los próximos meses.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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