BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández dijo el martes ser víctima de prácticas mafiosas de la justicia “nunca antes vistas” al defenderse en el juicio en el que está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudó dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales.
“Estamos ante una causa en la que el juez y el fiscal de instrucción son directamente mafiosos”, dijo Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, al declarar como imputada ante los tres jueces del tribunal.
La dirigente del peronismo opositor, de 73 años, compareció en condición de detenida ya que se encuentra en prisión domiciliaria por la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que comenzó a cumplir en junio, tras ser hallada culpable de administración fraudulenta mientras ejerció su gestión.
Según sostuvo, la causa por la que es juzgada desde noviembre “ha desalojado del podio” de la “persecución política” a la que derivó en el encierro en su departamento en Buenos Aires por el direccionamiento de unas 50 obras viales a un empresario allegado mientras era presidenta.
Ataques a primeros investigadores de la causa
La exmandataria arremetió contra el juez de la causa que la tiene sentada de nuevo en el banquillo de los acusados —el fallecido Claudio Bonadío— y contra el fiscal Carlos Stornelli. Los acusó de “fraguar pruebas” y otras irregularidades que llevaron a una “oleada detenciones para chantajear a empresarios y decirles que tienen que declarar en contra de Cristina”.
“Hay audios, grabaciones, le pedían plata a la gente para no incluirla en la causa", aseveró Fernández.
La exmandataria, sentada en la primera fila ante los tres jueces del tribunal, vestía una blusa blanca y un chaleco negro y llevaba un rosario colgado del cuello. Militantes del kirchnerismo, la corriente del peronismo de centroizquierda que la tiene como referente, y algunos dirigentes de derechos humanos estaban presentes en la sala de audiencias para mostrarle su apoyo.
“Me pueden dar 15, 20 años (de cárcel)... me puedo morir presa con este Poder Judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”, dijo la también exvicepresidenta (2019-2023), que acusó al gobierno del ultraderechista Javier Milei de haber conspirado con la justicia para apartarla del escenario político.
Fernández recordó que en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo el mandatario dijo que iba a seguir presa por esta y otras causas judiciales y aseveró: “más violatorio de la Constitución no hay”.
Luego se negó a contestar preguntas de los jueces argumentando que lo haría si Stornelli es llamado a declarar para dar cuenta de las “barbaridades” que habría cometido en el expediente. La expresidenta acusó al fiscal de haber cometido delitos durante la instrucción de otras investigaciones.
Tras ello, se retiró a su domicilio para cumplir con el arresto, donde fue recibida por cientos de seguidores que la vitorearon. La expresidenta se subió al estribo del automóvil en el que fue trasladada por su custodia y los saludó.
Las imputaciones
La exmandataria está señalada de haber sido la jefa de una asociación ilícita que habría funcionado en el seno del Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015, lo que también comprende el gobierno de su marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
También está acusada de ser coautora en 204 oportunidades del delito de cohecho pasivo, que es el que comete un funcionario público que acepta, recibe o solicita un soborno, y de ser partícipe necesaria en una ocasión.
“¿Dónde está toda esa plata?”, cuestionó Fernández, quien sostuvo que la justicia rastreó en sus propiedades pero no encontró el dinero proveniente de los presuntos sobornos.
Según la investigación, esos pagos los habrían realizado decenas de empresarios para conseguir obras públicas en áreas como la construcción, la energía y el transporte.
Los jefes u organizadores de una asociación ilícita pueden recibir una pena de prisión de entre 5 y 10 años. En tanto, los que cometen cohechos pasivos pueden ser castigados con hasta 6 años de cárcel.
Junto a Fernández también serán juzgados cerca de 20 exfuncionarios y más de 60 empresarios.
Stornelli centró la pesquisa en los cobros que Óscar Centeno —chofer de un exfuncionario imputado— asentó en ocho cuadernos de anotaciones, registrando los viajes que habría realizado transportando bolsos supuestamente cargados de dinero que aparentemente fueron entregados por distintos empresarios y depositados en viviendas de Fernández y su entonces marido.
Fernández ha señalado que los cuadernos son falsos, en referencia a las adulteraciones que se habrían cometido en los escritos.
La expresidenta está procesada en varias causas. Próximamente deberá sentarse de nuevo en el banquillo para ser juzgada por el presunto encubrimiento agravado del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994 a través de un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán que habría buscado la impunidad de los iraníes acusados de haberlo planeado.
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