CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum presentó el martes una nueva propuesta de reforma electoral que apunta a recortar y limitar los gastos de las autoridades electorales, congresos locales y municipios. Además, refuerza la fiscalización de los partidos políticos pero sin tocar sus gastos.
Tras el revés que sufrió la semana pasada en el Congreso donde las fuerzas aliadas al partido gobernante Morena rechazaron una primera iniciativa de reforma electoral, Sheinbaum decidió lanzar una nueva propuesta, conocida como “Plan B”, que incluirá reformas a la Constitución y a leyes secundarias que se presentó el martes en el Senado.
Según explicó en la conferencia matutina la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la nueva propuesta se busca “menos privilegios y más participación ciudadana”, y que los sueldos de los altos funcionarios electorales no excedan al que recibe la presidenta.
“Deben asumir el compromiso de gastar lo justo. Generar ahorros que puedan ser invertidos en infraestructura social, en los municipios”, agregó.
Los cambios que trae el Plan B
La nueva iniciativa prevé que los congresos locales no podrán tener un gasto superior al 0,7% del presupuesto de los estados, y se reduce las regidurías en los ayuntamientos hasta un máximo de 15. Los recursos que se ahorren por esta vía se dispondrán para obras y servicios en los estados y municipios.
Asimismo, se plantea un ajuste en los sueldos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, tribunales electorales y organismos locales electorales, y se establece que no podrán ganar más que la presidenta mexicana. También se elimina los bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales de los funcionarios electorales.
Sobre el presupuesto de los partidos políticos, que fue uno de los puntos que generó más fricciones entre el oficialismo y los partidos del Trabajo y Verde Ecológico de México —aliados del gobierno--, Rodríguez informó que se propondrán reformas a leyes secundarias para evitar que los dirigentes y funcionarios de los partidos ganen sobre el ingreso de la jefa del Ejecutivo, y obligar a las fuerzas políticas para que reporten sus operaciones financieras.
En ese sentido, se buscará que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda revisar los gastos de las campañas y evitar el uso de recursos ilícitos y la recepción financiamiento del extranjero y aportaciones en efectivo.
Sheinbaum descartó que se vaya a someter a consulta ciudadana el financiamiento de los partidos políticos, otro de los puntos que también objetaron los aliados de Morena.
Además, se contempla una reducción progresiva de los gastos del Senado con un ajuste que podría alcanzar hasta 15% del presupuesto actual.
Con la reforma también se aspira a que los cómputos distritales de las elecciones federales y locales comiencen en cuanto llegue el primer paquete a un consejo distrital y no se espere varios días después de la votación, tal como se realiza actualmente.
Revocatorio y elección judicial
En la reforma se mantiene la consulta de revocatoria de mandato, pero se propone que podrá celebrarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, que podría ser entre 2027 o 2028 dependiendo de cuando lo solicite la ciudadanía.
La mandataria dijo que también se decidió mantener la segunda parte de las elecciones judiciales para 2027 cuando se elegirán unos 800 jueces. La primera votación de más de 2.000 jueces y magistrados se realizó a mediados del año pasado como parte de una amplia reforma que incluyó la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que quedó conformada por ministros cercanos al oficialismo.
Los partidos aliados al gobierno se unieron la semana pasada a la oposición para bloquear en la Cámara de Diputados una reforma impulsada por Sheinbaum que planteaba una reducción de la representación de parlamentarios elegidos por los partidos, y que recortaba en 25% el costo de las elecciones al rebajar los fondos para la autoridad electoral y los partidos, lo que según los especialistas afectaba especialmente a las fuerzas políticas más pequeñas.
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