FORT LAUDERDALE, Fla. — Un juez del condado Broward dictaminó que los comisionados de Pembroke Park no pueden avanzar con una votación para destituir al alcalde Geoffrey Jacobs, al determinar que el organismo no tiene la autoridad legal para decidir si puede permanecer en el cargo.
En una orden escrita tras una audiencia probatoria, la jueza Shari Africk Olefson concedió la solicitud de Jacobs para impedir que el municipio celebre una reunión o realice una votación sobre su elegibilidad.
El fallo mantiene vigente una orden de restricción temporal que ya había detenido una reunión programada para febrero, en la que los comisionados abordarían el tema.
La jueza dejó claro que el caso no trata sobre dónde vive Jacobs, al menos por ahora.
En cambio, la cuestión central ante el tribunal era quién tiene la autoridad legal para decidir ese asunto.
Lea la orden:
La jueza concluyó que la comisión municipal no la tiene.
En la orden, la jueza escribió que la comisión “carece de autoridad legal para votar sobre la elegibilidad del alcalde”, rechazando el argumento del municipio de que podía decidir el asunto internamente mediante una votación.
El fallo significa que la comisión no puede declarar a Jacobs inelegible, destituirlo ni declarar vacante su cargo basándose en una votación.
La jueza explicó que, aunque la carta constitutiva del municipio establece los requisitos para postularse a un cargo, no otorga a los comisionados el poder de destituir a un funcionario electo en funciones basándose en su propia determinación.
El tribunal también enfatizó la importancia de destituir a un funcionario electo, señalando que tal acción equivaldría a anular la voluntad de los votantes.
Por ello, Africk Olefson determinó que el asunto requiere revisión judicial y no una decisión política de la comisión.
La orden establece que Jacobs demostró que probablemente tendrá éxito en el fondo de su reclamación, uno de los requisitos legales para conceder una medida cautelar. La jueza también concluyó que permitir que la comisión avance con una votación causaría un daño irreparable, es decir, un daño que no puede revertirse.
El tribunal además determinó que no existe un remedio legal adecuado distinto a la intervención judicial y que bloquear la votación favorece el interés público.
Como resultado, la orden de restricción se mantiene vigente y evita que el municipio tome medidas contra Jacobs a menos y hasta que un tribunal determine si es elegible para ocupar el cargo.
El fallo no resuelve la cuestión de fondo sobre la residencia, que sigue siendo el centro de la controversia.
Ese tema surge de una investigación de Local 10 News que encontró que Jacobs y su esposa poseen una vivienda en Fort Pierce, en el condado St. Lucie, que tenía una exención de vivienda principal y un beneficio fiscal de $535,000 USD para veteranos con discapacidades totales y permanentes relacionadas con el servicio.
Bajo la ley de Florida, esa exención requiere que la propiedad sea la residencia principal del propietario.
Los registros también muestran que la vivienda fue adquirida con una hipoteca respaldada por el VA que exige al prestatario certificar la propiedad como residencia principal.
Tras la investigación, Jacobs perdió la exención fiscal de $535,000 USD vinculada a la propiedad en Fort Pierce.
Jacobs ha sostenido que vive en Pembroke Park y sigue registrado para votar en el condado Broward.
El abogado municipal Jacob Horowitz había abordado previamente el tema en un memorando dirigido a funcionarios. En ese documento, Horowitz escribió que “el foro adecuado para impugnar la elegibilidad de una persona para ocupar el cargo de comisionado del municipio de Pembroke Park es el Tribunal de Circuito del condado Broward”.
Horowitz también indicó que, aunque la comisión puede revisar pruebas, “el Tribunal de Circuito es en última instancia el que tiene la autoridad legal para determinar si un comisionado es elegible para ocupar el cargo”.
El municipio contrató al abogado externo Michael Garcia, quien argumentó ante el tribunal que se debería permitir a la comisión celebrar una reunión y votar, y que Jacobs podría impugnar el resultado posteriormente.
La orden de la jueza rechaza ese enfoque, al menos por ahora, al exigir que el asunto sea decidido en los tribunales antes de que pueda realizarse cualquier votación.
El caso ahora pasa a una cuestión legal más amplia sobre si Jacobs cumple con los requisitos de residencia para continuar como alcalde, asunto que podría ser finalmente decidido por un juez en un proceso separado.
Por ahora, Jacobs permanece en el cargo y el municipio tiene prohibido tomar medidas en su contra sin una mayor intervención judicial.
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