BUENOS AIRES (AP) — Miles de personas comenzaron a marchar el martes desde temprano en Buenos Aires al cumplirse los 50 años del golpe de Estado de 1976 que instauró una de las dictaduras más sangrientas de América Latina en los años 70 y dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, movimientos sociales y agrupaciones políticas convocaron a movilizaciones en todo el país bajo la consigna “Memoria, verdad y justicia” por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto. El principal punto de concentración será la Plaza de Mayo, en Buenos Aires.
“Vine a la marcha, a la lucha; hay que luchar con esperanza”, dijo a The Associated el ama de casa Elsa Britos, de 60 años, mientras caminaba hacia la plaza ubicada frente a la casa de gobierno.
La psicóloga Manuela Casares, de 36 años, contó que asiste a la marcha todos los años y que esta vez decidió llevar a su hija de casi seis años “para enseñarle y transmitirle nuestra historia y el significado de este día”.
El presidente ultraliberal Javier Milei insiste en que se recuerde a las víctimas de la dictadura, así como a las de los ataques perpetrados por organizaciones guerrilleras que operaban en esa época. Milei republicó en su cuenta de X una frase atribuida al activista político ruso Garry Kasparov: “El comunismo va contra la naturaleza humana y sólo puede sostenerse mediante la represión totalitaria”.
En esa línea, la presidencia publicó un video titulado “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa” en el que se presentan dos testimonios: el de una joven apropiada durante la dictadura, que recuperó su identidad en 2017, y el del hijo de un coronel argentino secuestrado por un grupo guerrillero.
Desde el gobierno sostienen que esta fecha debe servir para “conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”.
Una de las organizaciones que convocó a la marcha es Abuelas de Plaza de Mayo, que desde 1977 se ha dedicado a localizar a los niños apropiados durante la dictadura. Se estima que alrededor de 500 bebés nacidos en cautiverio fueron apropiados ilegalmente por militares o personas vinculadas al régimen, de los cuales sólo 140 han recuperado su identidad.
Según organismos de derechos humanos, hay más de 30.000 desaparecidos, mientras que el Estado reconoce una cifra cercana a los 8.000.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista opositor Axel Kicillof, también convocó a militantes de su espacio político a concentrarse en la Plaza de Mayo.
“No recordamos para quedarnos en el pasado, recordamos para cuidar la democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo”, escribió el gobernador en sus redes sociales.
Tras el retorno de la democracia en 1983, el Estado asumió la responsabilidad de juzgar a los responsables de los crímenes, pero no mostró el mismo compromiso en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. A esto se sumó la negativa de los militares a brindar información sobre su paradero.
La llegada de Javier Milei al poder en 2023 dificultó aún más los esfuerzos por recuperar los cuerpos de las víctimas. Como parte de su plan de ajuste del Estado, el gobierno implementó recortes en el área de derechos humanos, degradó la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría, redujo su presupuesto y despidió personal.
Una inflación descontrolada y la violencia política desatada por organizaciones de izquierda y de extrema derecha fueron la antesala del golpe de Estado contra la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976.
Una junta militar —liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti— tomó el poder y instaló un sistema de represión caracterizado por la desaparición forzada de personas.
Los disidentes eran secuestrados y trasladados a centros clandestinos de detención, donde se los torturaba para extraerles información. Permanecían en condiciones infrahumanas, incluso las embarazadas, y, en la mayoría de los casos, eran fusilados o enviados a “vuelos de la muerte”, una práctica que consistía en sedar a los prisioneros y subirlos a un avión para luego arrojarlos vivos al mar o al Río de la Plata. Unos pocos cuerpos fueron arrastrados por la corriente hacia las costas de Argentina y Uruguay.
Los cuerpos no eran entregados a sus familiares sino enterrados en tumbas anónimas en cementerios municipales o en fosas comunes cercanas a cuarteles militares. Otros fueron incinerados.
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