CARACAS (AP) — Familiares y activistas de derechos humanos marcharon el viernes en procesión silenciosa por las calles de Caracas hasta la sede de la Nunciatura Apostólica para pedir a El Vaticano que medie ante las autoridades venezolanas para que más de 500 detenidos por motivaciones políticas, según dicen, sean exonerados de responsabilidad penal o condenas bajo la Ley de Amnistía.
En carteles, portados por mujeres vestidas como monjas, se podía leer: “El dolor de María vive en cada madre que espera justicia en Venezuela”, “Una Madre no debería esperar a su hijo frente a una cárcel injusta”, “No abandonamos, esperamos a nuestros seres queridos. Esperamos hasta que vuelvan todos”, entre otras.
Algunos de los manifestantes vestían uniformes de presidiarios y varios de ellos fueron recibidos por el nuncio apostólico, monseñor Alberto Ortega Martín.
“Tuvimos (la) oportunidad de narrarle el horror que se sigue viviendo en las cárceles del país", y la ocasión de insistir “en la necesidad de que se creen canales humanitarios para la salida pronta” de los detenidos por motivos políticos, declaró tras el encuentro, Andreina Baduel, defensora de derechos humanos y directora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos.
Dijo que el nuncio apostólico se comprometió "en el marco de la diplomacia, a hacer gestiones de cara a que cesen los los tratos crueles y próximamente haya las libertades plenas e inmediata de todos”.
La Ley de Amnistía está concebida para aplicarse a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye, en tanto, a los condenados por delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos, rebelión militar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad del país.
Fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, la presentara en un esfuerzo por impulsar la convivencia en el país. Rodríguez asumió la presidencia el 5 de enero, dos días después de una operación militar estadounidense que depuso y capturó al ahora expresidente Nicolás Maduro y su esposa. La entonces vicepresidenta era la primera en la línea de sucesión.
Según las autoridades venezolanas hasta el jueves se han otorgado “libertad plena“ a 7.836 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario. Otras 310 que estaban en prisión también han recuperado su libertad plena desde que entró en vigor ese instrumento legal, aseguran.
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