CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un comité especializado de la ONU que analiza desde 2015 las desapariciones forzadas en México, en las que participan autoridades por acción u omisión, publicó un informe el jueves en el que aseguró que este fenómeno es generalizado, no se detiene y la impunidad persiste.
Por eso y después de años de recomendaciones utilizó un recurso inédico: pedir a la Asamblea General que examine la situación y proponga medidas para ayudar en la crisis porque México no puede hacerlo solo.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el planteamiento y definió el documento como “tendencioso" y sin rigor jurídico.
El Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez, una de las ONG mexicanas expertas en el tema, lo consideró "la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos”, es decir desde 2006.
Las familias celebraron el pronunciamiento del comité pero quedaron sumidas en la frustración ante la reacción oficial y sin saber qué pasará ahora.
Estas son algunas claves para entener la crisis de las desapariciones en México:
El tamaño del problema: 132.000 desaparecidos, 72.000 restos no identificados
Durante el último tercio del siglo XX hubo desapariciones fruto de las políticas represoras del momento pero, a partir de 2006, cuando inició la guerra frontal contra el crimen organizado, las cifras se disparan y de pocos miles ahora el registro oficial tiene más de 132.000 desaparecidos.
Además, se siguen descubriendo miles de enterramientos clandestinos y, según los datos recopilados por la ONU, hay unos 72.000 restos humanos no identificados en distintas morgues o fosas del país.
El registro ha sido cuestionado de distintas maneras. El pasado gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) intentó depurarlo y la persona responsable de hacerlo se negó y dimitió.
El gobierno de Sheinbaum acaba de decir que no tiene datos suficientes para buscar a un tercio de la cifra registrada, que otro tercio ha tenido algún tipo de actividad después de la desaparición y podrían ser ausencias voluntarias, por lo que aquellas personas que habría que buscar serían solo el tercio restante.
Algunos colectivos de familias de víctimas criticaron con dureza este último análisis porque consideraron que las autoridades no explicaron con transparencia cómo lo realizaron. Además, recordaron que hay miedo o problemas para denunciar. Según los últimos datos oficiales hay menos de 4.000 investigaciones en marcha.
El diágnostico de la ONU: crisis generalizada en un México desbordado
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) concluyó que existen “indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad” y por eso pidió la intervención de la Asamblea General.
En el documento, reconoció que no hay una política federal que ordene cometer tales crímenes pero sí ataques generalizados o sistemáticos en diversos lugares con patrones conocidos que, aunque las realicen organizaciones criminales, cuentan con la “autorización, apoyo o aquiescencia” de las autoridades, entendiendo esta última frase también como el hecho de no prevenir, no investigar o no llevar a los culpables ante la justicia, con lo que el problema se perpetúa.
La respuesta oficial: rechazar los datos
México contestó al CED que la mayor parte de las desapariciones las realizan los cárteles, no el Estado y que la falta de debida diligencia al investigar no puede considerarse complicidad.
En un comunicado el jueves, dijo que la decisión del Comité “es parcial y sesgada”, que no tiene “rigor jurídico” y que el gobierno “ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”.
Los avances y los pendientes
México cuenta desde 2017 con una ley general sobre desapariciones y en la administración de López Obrador puso en marcha protocolos y comisiones oficiales de búsqueda pero tanto ONG como académicos coindiden en que faltó coordinación entre los distintos estados, recursos y voluntad política de largo aliento.
Ahora el comité pide a la Asamblea General que brinde cooperación técnica en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación, que se busque apoyo financiero y se establezca un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias.
La ONU ha matizado que el objetivo es movilizar la atención y el apoyo internacional pero no establecer responsabilidades penales individuales.
No se sabe cuándo se debatirá el tema en la Asamblea General, ni cuáles serán las propuestas exactas que presentará a ese foro el secretario general pero para que cualquier medida se concrete, México tendrá que aceptar.
El gobierno anterior no aceptó un mecanismo internacional para la crisis forense (los restos no identificados) aunque sí asesoramiento. Pero la estructura que creó no avanzó. Dada la respuesta oficial actual, la negativa de México podría repetirse.
Las familias, en el desamparo
En la últimas décadas las familias se han organizado para presionar a las autoridades, para lograr avances legales, para liderar las búsquedas y para pedir ayuda internacional.
Guadalupe Fernández, de 76 años, lleva 17 años buscando a su hijo José Antonio Robledo, un ingeniero desparecido en el norteño estado de Coahuila por miembros del cártel de los Zetas coludidos con autoridades del estado.
Fernández recibió la decisión del comité con euforia porque fue una de las personas que viajó hasta Ginebra para dar su testimonio en 2015 y siempre confió en que se activaran pedidos para que México trabajara con la ONU. La respuesta del gobierno la dejó sumida en la desesperanza.
“Si miramos para otro lado como país vamos a seguir desamparados”, señaló.
La mujer dijo estar harta de que cada gobierno que llega “primero muestre sensibilidad y luego todo queda en el olvido”. Subrayó que las leyes ya están, “el problema es que se apliquen”.
Mientras cuida a su esposo enfermo, resumía con una frase el malestar de miles de familiares como ellos: “Mientras no encontramos, nos estamos muriendo”.
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