MIAMI, Fla. — Grupos ambientalistas solicitaron el martes a un panel de una corte federal de apelaciones que levante la suspensión temporal de una orden de un tribunal inferior que instruía a funcionarios estatales a cerrar un centro de detención de inmigrantes en el corazón de los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”.
El sitio, ubicado dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, se ha convertido en el centro de una disputa legal y ambiental.
La instalación en los Everglades permanece abierta y continúa albergando detenidos, debido a que la corte de apelaciones a principios de septiembre acogió argumentos de Florida y de la administración del presidente Donald Trump de que el estado aún no había solicitado reembolso federal y, por lo tanto, no estaba obligado a cumplir con la ley ambiental federal. Funcionarios estatales abrieron el centro de detención el verano pasado para apoyar las medidas migratorias del presidente Donald Trump.
Grupos conservacionistas, incluidos Friends of the Everglades, argumentan que el proyecto viola la ley ambiental federal y amenaza la vida silvestre sensible y los sistemas de agua.
“No hay duda del daño ambiental que ha estado ocurriendo desde el verano pasado en este sitio y estamos firmemente comprometidos a detener ese daño”, dijo Elise Bennett, del Center for Biological Diversity.
La demanda también sostiene que el estado no realizó una evaluación ambiental adecuada como exige la ley federal.
“No hay debate sobre si se cumplió con la Ley Nacional de Política Ambiental y eso requiere tres cosas”, dijo Eve Samples, de Friends of the Everglades. “Requiere un análisis de las acciones del gobierno sobre el daño ambiental; eso no ocurrió. Requiere la participación del público y la consideración de alternativas; ninguna de esas tres cosas ocurrió, como escucharon hoy en la corte”.
En agosto pasado, un juez federal falló a favor de los grupos ambientalistas, ordenando detener la construcción y reducir las operaciones.
Sin embargo, esa orden fue suspendida después de que funcionarios estatales y federales apelaran, permitiendo que la instalación continúe operando mientras el caso avanza.
Jesse Panuccio, abogado del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, dijo a los jueces el martes que el financiamiento federal y el control federal de la instalación eran los dos criterios para determinar si se aplica la ley ambiental federal, y que las agencias federales no tienen control sobre el centro de detención administrado por el estado.
Florida fue notificada a finales de septiembre de que FEMA aprobó $608,000,000 USD en fondos federales para apoyar la construcción y operación del centro.
“Se necesitan ambos”, dijo Panuccio. “Incluso con financiamiento, no creo que eso aplique porque no existe control federal”.
La corte de apelaciones decidirá si la orden judicial debe restablecerse mientras la demanda avanza hacia juicio. No se espera una decisión por varias semanas.
La demanda ambiental es una de tres impugnaciones en tribunales federales contra la instalación en los Everglades desde su apertura. En las otras, un detenido afirmó que agencias de Florida y contratistas privados contratados por el estado no tenían autoridad para operar el centro bajo la ley federal. Ese caso terminó después de que el inmigrante que presentó la demanda aceptara ser removido de Estados Unidos.
En una tercera demanda, un juez federal en Fort Myers dictaminó que la instalación en los Everglades debe proporcionar a los detenidos un mejor acceso a sus abogados, así como llamadas legales salientes confidenciales, no monitoreadas y no grabadas.
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