CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un grupo de diputados guatemaltecos presentó el martes un proyecto de ley para intervenir la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la única alta casa de estudios pública del país, ante las sospechas de un posible fraude en la próxima elección de autoridades.
Sin embargo, tras varios minutos de discusión, enfrentamientos verbales y una votación para permitir que la ley se aprobara de urgencia nacional, poco más de 30 diputados —de los 90 que había en el pleno— votaron a favor, por lo que la propuesta fue denegada.
El actual rector Walter Ramiro Mazariegos Biolis fue sancionado en 2023 por el gobierno de Estados Unidos por socavar las instituciones democráticas al aceptar el cargo tras un cuestionado proceso electoral.
En 2022, cuando se realizaban dichas elecciones, Mazariegos junto a otras autoridades universitarias bloquearon el acceso a algunos electores y permitieron que sólo quienes estaban a su favor entraran al recinto y votaran, lo que le garantizó el triunfo.
Los diputados que presentaron el proyecto de ley denunciaron que para la actual elección de autoridades, que se realizará el miércoles, el Consejo Superior Universitario —afín a Mazariegos e integrado por representantes estudiantiles, docentes, profesionales y decanos— acreditó a los electores que votarán por su reelección y dejó afuera a la oposición.
El lunes, Mazariegos cerró la USAC, a la que a diario acuden miles de estudiantes, por trabajos de mantenimiento. El martes, hombres con pasamontañas y palos vigilaban las puertas desde dentro de la universidad impidiendo el acceso de estudiantes y docentes.
Mientras estudiantes intentaban ingresar al recinto universitario, los encapuchados les tiraban bombas y gases lacrimógenos desde adentro, ante la mirada pasiva de la policía, lo que causó varios heridos.
El presidente Bernardo Arévalo dijo que es respetuoso de la autonomía universitaria, pero que apoya a la comunidad universitaria en su lucha por elecciones legales y legítimas.
La Constitución establece que la USAC, con más de 300 años de antigüedad, es autónoma, recibe un 5% del presupuesto anual de la nación y no puede ser intervenida.
Organismos internacionales han expresado inquietud por la situación de la USAC. El 28 de marzo la misión especial para el fortalecimiento de la democracia en Guatemala de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que estaba preocupada por la falta de renovación del Consejo Superior Universitario y la negativa a acreditar electores.
“Cualquier exclusión arbitraria, selectiva o insuficiente... así como cualquier decisión que altere la composición del universo electoral llamado a votar podría comprometer seriamente la legitimidad del proceso de elección del rector”, dijo la misión de la OEA.
La USAC es una de las instituciones que este año renuevan autoridades, entre ellas la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.
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