CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El gobierno de Panamá autorizó el procesamiento y posterior exportación de material en la mina de cobre operada por la filial de la canadiense First Quantum, marcando el primer movimiento operativo en la mina desde su cierre tras un fallo de inconstitucionalidad en noviembre de 2023, aunque limitado a una medida ambiental y sin reactivar plenamente la actividad.
La mina, ubicada en una zona del norte del país y considerada una de las más grandes de la región, quedó paralizada tras semanas de protestas que se extendieron por todo el país en rechazo a la actividad minera y a la extensión del contrato. Desde entonces, el sitio ha permanecido en lo que el gobierno llama un plan de preservación.
La decisión de efectuar esa actividad en la mina había sido aprobada y anunciada a inicios de este año en un discurso a la nación por el presidente de Panamá, Jose Raúl Mulino, a pesar de ser un tema controversial.
La resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias, divulgada en un comunicado el martes, se enmarca según las autoridades en la ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), y responde a advertencias técnicas sobre el material aún expuesto en el sitio. Un informe del Ministerio de Ambiente identificó riesgos asociados al drenaje ácido, un fenómeno que, advirtió, puede afectar suelos y fuentes de agua si el mineral no es manejado adecuadamente.
Con base en esas evaluaciones se autorizó a la empresa a procesar el material en acopio —estimado en unas 38 millones de toneladas con diferentes concentraciones que contienen aproximadamente 70.000 toneladas de cobre recuperable— y trasladar el producto resultante fuera del país, se indicó.
First Quantum aseguró que esta actividad no constituye una reapertura de la mina y no involucrará nuevas perforaciones, voladuras, ni reactivación de operaciones mineras.
El gobierno indicó que la empresa será responsable de cubrir en su totalidad los costos y gastos asociados a la ejecución de las actividades establecidas en la resolución, sin que esto represente erogación alguna para el Estado. Agregó que una vez se obtenga el concentrado de cobre en condiciones de ser comercializado, “este estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado”.
En un comunicado, el director ejecutivo de la compañía, Tristan Pascall, señaló que la aprobación permite avanzar en la gestión del material acumulado, particularmente en aspectos relacionados con el manejo del agua y los relaves. La empresa estima que el programa podría generar más de 1.000 empleos directos y requerirá una inversión aproximada de 250 millones de dólares, principalmente para reactivar inventarios y cadenas de suministro.
La empresa estima que los trabajos de preparación, incluyendo el restablecimiento de proveedores locales y la reposición de insumos, podrían tomar hasta tres meses antes de iniciar el procesamiento.
La mina ya exportó un material. En septiembre de 2025 se autorizó la exportación del concentrado de cobre que se encontraba almacenado y que había sido procesado antes del cierre. Esa operación generó ingresos totales por 334 millones de dólares, de los cuales el Estado de Panamá recibió cerca de 30 millones de dólares en regalías.
Mulino ha anticipado que en junio daría a conocer la decisión de su gobierno en cuanto al futuro de la mina, aunque ha adelantado que se estudia un modelo distinto al anterior que era un contrato ley que debía pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional unicameral. Aseguró que en este nuevo modelo el país deberá obtener mejores regalías. El presidente también ha dicho que se está asesorando con expertos de Chile y el nuevo gobierno del país sudamericano, el mayor productor mudial de cobre.
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