SANTIAGO (AP) — Chile fue sacudido hace unos días por un ataque armado en un colegio, cuando un estudiante de 18 años mató con un cuchillo a una inspectora y dejó cuatro heridos. El incidente, considerado por las autoridades como el primer caso de violencia escolar planificada, desató una ola de amenazas de tiroteos y otros hechos violentos.
Los ataques armados en Chile son inusuales, aunque en el país se han producido casos de violencia escolar y es conocido por las manifestaciones estudiantiles que a menudo terminan de forma violenta.
En los últimos años se ha registrado una escalada tanto en la frecuencia como en el nivel de agresividad de los hechos.
El gobierno del presidente José Antonio Kast, en el poder hace menos de un mes, se vio obligado a anunciar medidas para fortalecer la seguridad, aunque expertos insisten en la necesidad de abordar causas subyacentes como la salud mental y el clima escolar.
Aquí una mirada del panorama escolar:
¿Qué ataques se produjeron?
El ataque en el que murió una inspectora y hubo cuatro heridos ocurrió el 27 de marzo en la norteña ciudad de Calama. La fiscalía indicó que se trata del primer caso premeditado de violencia escolar e imputó formalmente a un estudiante de 18 años por los hechos. El acusado está en prisión preventiva.
“Este fenómeno se caracteriza por una premeditación clara y, a menudo, una lista de objetivos que incluye a docentes específicos o compañeros identificados como acosadores", dijo el fiscal Juan Castro Bekios.
En los días siguientes, diversos colegios registraron incidentes.
En Curicó, a 200 kilómetros de Santiago, un alumno de 15 años fue retenido cuando intentaba ingresar a la escuela con un arma de fuego, mientras que en la capital un grupo de estudiantes arrojaron bombas caseras dentro de un liceo y provocaron un incendio.
Algunas instituciones, desde el norte hasta el sur del país, suspendieron sus clases ante amenazas de tiroteos y otros ataques.
Este miércoles, al menos dos colegios de la región de Valparaíso cancelaron sus actividades por amenazas de tiroteos. Además, un instituto de Santiago tuvo que suspender las clases después de que estudiantes lanzaron al menos 15 bombas molotov y fueron contenidos por la policía.
“A partir del hecho de Calama hubo un efecto de imitación”, dijo a The Associated Press el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar. “Pero también permitió visibilizar algo que ya existe y no es tan infrecuente".
¿Qué hizo el gobierno?
El Ejecutivo tuvo que acelerar medidas para contener la escalada violenta.
Las denuncias por violencia relacionada con la convivencia en las escuelas se duplicaron, pasando de las 8.811 registradas en 2019 a las 17.076 de 2025, según la Superintendencia de Educación.
Para mitigar la situación, se publicó en el Diario Oficial la semana pasada la nueva ley de convivencia escolar, que entre otros puntos establece una Política Nacional de Convivencia Educativa, la creación de canales seguros de denuncia y procedimientos de investigación más ágiles. Además, abre las puertas para el uso de recursos tecnológicos como detectores de metales.
Esta semana, Kast anunció también el envío de dos proyectos de ley al Congreso que buscan modificar el Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos en el ámbito escolar, así como otorgar mayores poderes a los docentes y autorizar la revisión de mochilas y otras pertenencias personales.
Igualmente reglamenta sanciones a estudiantes que interrumpan clases y prohíbe accesorios que impidan la identificación facial, como gorros o pasamontañas.
Kast pidió al Congreso “legislar con prontitud” y destacó que “Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento” como el de Calama. "Este gobierno fue elegido precisamente por la mayoría de los chilenos para devolver, para recuperar el orden, el sentido común y la autoridad”, aseveró.
¿Cuáles son las críticas de los expertos?
Algunos expertos cuestionaron que las medidas anunciadas son “insuficientes”, ya que también es necesario abordar otros problemas subyacentes, como la salud mental o el propio modelo educativo chileno.
“Lo que se propone son simplemente medidas, sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas", dijo Aguilar, quien instó a "una política de abordaje profundo de las causas basales de por qué se llega a tanta violencia dentro de las escuelas”.
Agregó que Chile atraviesa una fuerte crisis de salud mental que “se expresa muy fuertemente en las escuelas” y no ha sido abordada apropiadamente. Destacó la exigencia del modelo educativo basado exclusivamente en rendimiento y puntajes. "La escuela hoy día no es una instancia atractiva para las nuevas generaciones”.
A eso se suman las problemáticas de una desigualdad social en ascenso, apuntó el especialista en educación Miguel Caro Ramos, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
“Esa desigualdad estructural se ha ido intensificando bajo un modelo de vida y un modelo económico que de alguna manera extrema estas circunstancias”, explicó.
Los expertos coincidieron en que es necesario hacer modificaciones contundentes en las políticas educativas para que el problema no vaya en aumento.
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